El Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) logró bajar la cantidad de rapiñas en 40 % y de homicidios en 15 % en las distintas zonas de Uruguay donde se implementó a partir de abril de 2016.  

Nilson Viazzo, policía de la Jefatura de Florida y ganador del primer Master Chef Uruguay, se sumó a los talleres de Integración y Convivencia a través de la cocina que dirige Aldo Cauteruccio chef de la selección uruguaya de fútbol. 

Hoy se firma el convenio entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio del Interior que generará la atención de reclusos del mantenimiento de equipos comunitiarios. 

Qué controles reciben las personas que delinquen, si lo hacen bajo drogas, el tiempo de encarcelamiento, y si los reclusos pueden comunicarse con el exterior, son algunas de las preguntas que el diputado Lamorte, hizo llegar al Ministerio del Interior. 

El diputado suplente por el Partido Nacional (PN), Arq. Aldo Lamorte, presentó el pasado 11 de julio en la sesión de Cámara de Representantes, un pedido de informes al Ministerio del Interior de acuerdo a lo establecido por el artículo 118 de la Constitución de la República.

El mismo es realizado por las graves situaciones que se están viviendo a nivel delictivo, que conllevan el asesinato de personas de manera violenta y sin sentido, así como la muerte de efectivos policiales en ejercicio de funciones o realizando tareas afines.

En el pedido de informes, el diputado de la Unión Cívica (en acuerdo con el PN) lo que solicita al Ministerio del Interior es lo siguiente:

“1.- ¿Si se lleva un control de las personas que ya cometieron delitos violentos y se dejan en libertad ?

2.- ¿Si estas personas que cometieron delitos violentos lo hicieron bajo el efecto de drogas o tienen alteraciones psicológicas graves e irrecuperables; así mismo si existen evaluaciones profesionales a nivel psicológico y estadísticas que signifiquen un plan de acciones concretas con estos individuos de alta peligrosidad para la población ?

3.- ¿Si hay tareas que permitan seguir en su tiempo de encarcelamiento a estos detenidos para tener un diagnóstico específico que permita saber de su peligrosidad y plan de acción específica en estos casos?

4.- ¿Las personas privadas de libertad y especialmente aquellas con delitos graves, tienen comunicación con el exterior, tienen acceso a celulares? ¿De ser así quien autorizó el uso de los mismos? ¿El Ministerio del Interior está de acuerdo con el uso de celulares por parte de los detenidos?

5.- Frente a casos graves con muerte de ciudadanos y agentes policiales en manos de delincuentes asesinos, se ha hecho énfasis en la comunicación del Ministerio en responsabilidades de las personas que son víctimas de la delincuencia. Desde las autoridades se insiste en que las víctimas no han tenido las precauciones adecuadas, que no deben usar determinadas cosas, etc, etc, hasta el caso del cabo Coronel asesinado brutalmente en donde desde el Ministerio se enfoca presionando públicamente en responsabilidades del empresario del local asaltado y en la del propio funcionario por tareas administrativamente no autorizadas. ¿Este método reiterado de presionar a través de la comunicación pública de las autoridades a las víctimas es una política en especial del Ministerio, nunca presionar al delincuente, a la actividad delictiva y no hacer énfasis en la gravedad de sus delitos?

6.- ¿Ante la realidad de la necesidad de contratar gente por parte de los ciudadanos en el área de seguridad, se está evaluando por parte del ministerio que se revea la prohibición actual del 223?

7.- Frente a la realidad de la escalada de asesinatos con armas de fuego por parte de los delincuentes ¿existen operativos continuados de control de armas en ciudadanos, sobre todo en zonas peligrosas y bajo un plan de acción concreto que permita la incautación y detención de las personas que portan ilegalmente armas, previniendo de esta manera antes que se cometan los delitos?”

 

Fue enviada una unidad para patrullar la ciudad de Aceguá, ante el reclamo planteado por vecinos de esa localidad. 

El Ministerio del Interior prevé que unos 100 policías que viven en zonas consideradas críticas puedan mudarse y ser propietarios de su vivienda, mediante un pago mensual consistente en el 1% de sus ingresos. 

Este lunes 26 de junio, se dictó sentencia por la acción de amparo interpuesta contra la cartera por la situación de 8 privados de libertad en precarias situaciones de reclusión.