La ex presidenta chilena, Michelle Bachelet, ha sido nominada como la próxima Alta Comisionada para los Derechos Humanos, UN Photo/Jean-Marc Ferré.

 

Bachelet ha sido presidenta de Chile en dos ocasiones y fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres. Sustituirá en el cargo al jordano Zeid Raàd Al Hussein.

El Secretario General ha elegido a la expresidenta chilena Michelle Bachelet como próxima Alta Comisionada para los Derechos Humanos, una decisión que será ratificada este viernes por la Asamblea General.

António Guterres explicó que, tras consultar con los grupos regionales, informó este miércoles de su decisión a la Asamblea.

Ese órgano, compuesto por los 193 Estados miembros, debe dar su visto bueno al nombramiento.

Para ello, el presidente de la Asamblea, Miroslav Lajcak, ha convocado una sesión plenaria para este viernes a las 10.00 hora de Nueva York.

Habitualmente la propuesta del secretario general se aceptada por aclamación, sin necesidad de un voto.

Bachelet será nombrada por un periodo de cuatro años, a partir del próximo 1 de septiembre.

En una entrevista tras su intervención para defender la candidatura de Chile al Consejo de Derechos Humanos, Bachelet dijo que “los derechos humanos no se pueden dar por supuesto, sino que hay que construir una cultura en cada país”.

La expresidenta chilena sustituirá en el cargo al jordano Zeid Ra'ad Al Hussein, que concluye este mes su mandato y que ya anunció el año pasado que no optaría a un segundo.

Bachelet, que terminó el pasado marzo su segundo periodo como presidenta de Chile, fue entre 2010 y 2013 la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres. La chilena ha promocionado la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a lo largo de su carrera política y como la primera presidenta del país entre 2006 y 2010.

Bachelet también fue ministra de Defensa y de Sanidad en Chile.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos es el principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas.

La Oficina, con sede en Ginebra, tiene el mandato de promover y proteger el goce y la plena realización, para todas las personas, de todos los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y en las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos.

La ONU rechaza y condena los asesinatos de los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales perpetrados en los últimos meses e insta al Estado a prevenirlos, así como a investigar las muertes ocurridas y proteger a los activistas. 

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que las autoridades venezolanas permiten asesinatos y tortura, entre otras graves violaciones de esas garantías, sin procesar a los responsables. 

 

 

 

Protestas en Caracas, Venezuela. Foto: Helena Carpio / IRIN

 

 

La fiscalía hizo el anuncio de la apertura de un examen preliminar sobre Venezuela, tras una revisión cuidadosa independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes que documentan crímenes que pudieran ser de competencia del tribunal.

 

La fiscal Fatou Bensouda expresó en una vídeo-declaración que analizará crímenes presuntamente cometidos en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política en ese Estado miembro del Estatuto al menos desde abril de 2017.

“En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, declaró Bensuda.

Venezuela es un Estado parte del Estatuto de Roma, y en virtud de este principio, las jurisdicciones nacionales tienen la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar a aquellos responsables de crímenes internacionales.

El examen preliminar no es una investigación, sino un proceso por el cual se examina la información disponible “para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación”.

No hay plazos establecidos por el Estatuto de Roma para la duración de este examen.

La Corte anunció también que abrirá otro examen preliminar sobre Filipinas en el marco de presuntos crímenes cometidos durante la campaña “La guerra contra las drogas” lanzada por el Gobierno. La fiscal aseguró que se ha alegado que desde el 1o de julio de 2016, se han asesinado a miles de personas por su presunta implicación en el uso o tráfico ilegal de estupefacientes.

“Reitero que la Fiscalía emprende esta labor con total independencia e imparcialidad, de acuerdo con su mandato y los instrumentos jurídicos aplicables de la Corte. Al hacerlo, esperamos contar con la plena cooperación de las autoridades nacionales competentes en Filipinas y en Venezuela.”, concluyó Bensuda.

En Siria, varios grupos de defensa de los derechos humanos afirman que la cifra de muertes de civiles está aumentando en la ciudad norteña de Afrin, donde el ejército turco lleva a cabo una campaña de bombardeos y una ofensiva terrestre contra las fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos que controlan la región. 

“Aunque el conflicto armado con las FARC-EP terminó, los defensores de los derechos humanos aún siguen siendo amenazados y asesinados a un ritmo alarmante”, advirtió el secretario general adjunto de la ONU para esas garantías fundamentales. 

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, conocido por sus siglas como CEDAW, expresó esta semana preocupación por las barreras que todavía afrontan las mujeres para acceder a la justicia en Costa Rica. 

Los derechos de los pueblos indígenas de Brasil están bajo ataque, denuncian expertos.