Martes, 24 Septiembre 2019 12:03

Documentos, la policía fiscaliza la identidad, afirmaron

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El abogado Martín Fernández, de Ielsur, asegura que el control preventivo de identidad es ineficaz y afecta a los más vulnerables, algo que advierten desde 2008. "No parece razonable decir que si no tenés nada que esconder no pasa nada", dijo a Montevideo Portal. 

Las declaraciones de Luis Lacalle Pou sobre la necesidad de que la Policía pida la cédula a ciudadanos, como medida que puede ayudar en el combate a la inseguridad, generó reacciones de oficialismo y oposición. Lacalle llamó a "pedir cédula si se tiene que pedir cédula". "A nadie de bien le va a caer mal que le pidan la cédula", declaró.

Sin embargo, la respuesta del partido de Gobierno no giró en torno a si esta medida es realmente útil, correcta o vulnera derechos, sino al hecho de que ya viene siendo aplicada por la administración actual. Gustavo Leal, asesor en seguridad de Daniel Martínez, trató de "desinformado" a Lacalle Pou y le contestó enumerando las cifras de todas las personas a las que el Gobierno le ha pedido la cédula en los últimos años, amparándose en el marco de los permitido por la Ley de Procedimiento Policial.

El abogado Andrés Ojeda, asesor de Ernesto Talvi en seguridad, dijo que la norma actual establece que se puede pedir la cédula en el marco de procedimientos policiales pero no es clara en cuanto a si se puede hacerlo mediante patrullaje en las calles, lo que hace que la propuesta de Lacalle Pou en este sentido sea válida (es decir, que la propuesta es nueva porque extendería las potestades policiales o al menos aclararía en forma más precisa bajo qué condiciones se puede hacer)

El actual Ley de Procedimiento Policial, permite incluso que una persona sea detenida si se niega a acreditar su identidad, y ya fue criticada al momento de aprobarse en 2008.

El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), que ha asesorado a personas a raíz de detenciones arbitrarias, ha manifestado que esta ley tiene un corte autoritario, porque reimplantó lo que decía el decreto 690 de la dictadura, que permitía detener a una persona en averiguación. De forma similar opinaba Serpaj (Servicio de Paz y Justicia Uruguay).

Martín Fernández, abogado de Ielsur, afirmó a Montevideo Portal que si bien la normativa indica que se puede pedir cédula (y detener en caso de una negativa) en el marco de un procedimiento por averiguación de un delito, la redacción es tan ambigua que en la práctica lo que sucede no es lo que indica la teoría.

"Nuestra postura no es a raíz de lo que dijo Lacalle Pou, sino que fue siempre la misma: el sistema penal funciona de manera tal que este tipo de medidas afectan siempre a los mismos. Si vas caminando por 18 de Julio de traje y corbata nadie te va a pedir nada. Son medidas discriminatorias, porque se aplican en base a lo que se denomina ‘olfato policial', que en general apunta a personas jóvenes y que pertenecen a clases más vulnerables, personas más expuestas a los abusos policiales", dijo.