Sanciones no privativas de libertad en adolescentes

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Sanciones no privativas de libertad en adolescentes Foto: Archivo.

Este jueves 7 se presentó el modelo de intervención de las sanciones no privativas de libertad para adolescentes uruguayos. La titular del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Gabriela Fulco, dijo que este trabajo homogeneiza la aplicación de medidas y promueve las no privativas de libertad.

De esta manera, se cumple con las Reglas de Tokio de Naciones Unidas, que Uruguay estaba infringiendo.

La presentación del modelo estuvo a cargo de la consultora internacional especialista en ciencias penales y criminológicas de Unicef María Gracia Moraes de Ramírez, quien compartió la mesa con autoridades del Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Suprema Corte de Justicia, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Anong) y el Instituto Interamericano del Niño (IIN).

Fulco explicó que el Inisa ya comenzó a aplicar el año pasado este modelo, que fomenta un plan individual con cada joven, el apoyo a las familias y la aplicación de medidas no privativas mediante aportes a la comunidad. “Con este modelo, tendremos homogeneizado el accionar a nivel país, lo cual es un paso cualitativo, porque antes había un popurrí de respuestas, que impactaron negativamente en la confianza del sistema de justicia, que históricamente tuvo casi en desuso las medidas no privativas de libertad”, aseguró.

Por otra parte, la jerarca comentó que, con esta iniciativa, Uruguay cumplirá con las Reglas de Tokio de Naciones Unidas, aprobadas en 1990, ya que ha estado señalado en forma negativa por la baja de otorgamiento de medidas no privativas de libertad. “Por todos lados, la medida de privación debería ser el último recurso, no el primero”, dijo.

El modelo presentado en la jornada es un producto nacional hecho en Uruguay por uruguayos y para uruguayos, consensuado, colectivo, elaborado entre los meses de mayo y diciembre de 2017, que comenzó a implementarse en ese mes, explicó Moraes de Ramirez. Comprende tres etapas: aprobación, presentación e implementación, por la cual se transita actualmente, y socialización y capacitación de recursos humanos.

Destacó como uno de los antecedentes de este trabajo la necesidad de cumplir con los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual Uruguay ratificó, que comprende la creación de un sistema penal juvenil. Agregó que este modelo está construido sobre un marco jurídico conceptual y normativo.

 

 

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