Martes, 25 Septiembre 2018 11:12

Condenan al sexto chinga

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Condenan al sexto chinga Foto: Archivo.

Un sexto integrante de la banda de Casavalle fue condenado ayer a una pena de cuatro años y un mes de reclusión. En el barrio, la deserción escolar llegó al 83 % en horario vespertino. 

Este lunes fue condenado otro integrante de Los Chingas, la banda que se dedicaba a extorsionar a habitantes del barrio Casavalle, a los que echaban de sus casas mediante amenazas. Por este delito ya fueron formalizadas otras cinco personas.

En este caso, la Fiscalía de Delitos Económicos logró una condena de cuatro años y un mes para un joven por reiterados delitos de extorsión cometidos en la zona Los Palomares.

Desde hace aproximadamente un año se vienen desarrollando "acciones ilícitas" en el barrio Casavalle (más específicamente en Los Palomares).

Según el documento de Fiscalía, integrantes de Los Chingas amenazan con matar o lastimar a los vecinos que viven en el lugar si no abandonan sus casas, "llegando inclusive a cumplir sus amenazas".

Los integrantes operan en grupo, fuertemente armados, y las víctimas son obligadas a salir de sus domicilios prácticamente con lo puesto, dejando en sus viviendas la totalidad de sus pertenencias.

Una vez desocupadas las fincas, los delincuentes las ocupan, venden o alquilan a otras personas, apoderándose de los efectos que hay en ellas.

La situación "alcanzó tal gravedad", según la Fiscalía, que en tan solo quince días, entre el 15 de octubre y el 1 de noviembre de 2017, 77 personas y 25 apartamentos fueron desalojados, y desde el 1 de diciembre, según información que surge de la investigación, solamente en los pasajes 305 y 307 las personas desalojadas superan las 110 y los apartamentos vaciados son alrededor de 40.

El hecho adquirió tal magnitud que las escuelas públicas del barrio han sufrido la deserción masiva de estudiantes, con un 60% de los niños que dejaron de concurrir a clases. Y sólo en el horario vespertino, la no asistencia llega incluso al 83%, lo que motivo que algunas de las escuelas decidieran adelantar el cierre de cursos.

Ello tuvo dos aspectos y causas: una, dada por el abandono del barrio de familias enteras, que amenazadas fueron obligas a dejar sus viviendas; la segunda, por el miedo que provoca a los padres que los niños salgan de sus casas y puedan sufrir algún daño.

Tras los allanamientos ordenados por Fiscalía, se detuvo a varias personas. Las cinco personas ya formalizadas vendieron entre 40.000 y 80.000 pesos los alojamientos de los que se apropiaron. La líder del grupo vendía además los bienes sustraídos de las casas.

En los primeros allanamientos no había podido ser detenido otro de los requeridos: J.G.A.N, de 18 años. Finalmente, fue detenido el 15 de setiembre y sujeto a proceso por los delitos de receptación y rapiña en grado de tentativa.

Ante la Fiscalía confesó espontáneamente, lo que se sumó al resto de la evidencia. El adolescente es integrante del grupo de Los Chingas y participó activamente junto a otras personas en los delitos mencionados.

Su participación fue confirmada por al menos 12 víctimas de los hechos ocurridos entre noviembre y diciembre del 2017.

El imputado acepta su intervención, admitiendo que en realidad participó en las amenazas y extorsión para que desalojaran sus viviendas las personas que ocupaban, según él, entre tres o cuatro inmuebles.

Asimismo, admite que en varias de esas oportunidades concurrió armado y en compañía de otros sujetos y que lo hizo con la intención de que las personas que ocupaban las casas se fueran, "por tener estas algún tipo de vinculación con la banda de Los Camalas, de quien se declara enemigo".

Se llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la defensa del imputado. Como circunstancia atenuante, se computó la confesión, la primariedad absoluta y la minoridad relativa.

 

El delito que se le imputa (extorsión), se castiga con una pena mínima de cuatro a diez años de penitenciaría, por lo que, tomando en consideración las normas que regulan la pena y las circunstancias concurrentes, "la Fiscalía estima adecuado situarla en cuatro años y un mes de penitenciaría".

Fuente: Montevideo Portal