El 6 de marzo pasado se instaló en el Congreso de Chile la llamada comisión de expertos, integrada por 24 representantes de los partidos políticos presentes en el Parlamento de ese país. La mayoría de ellos son abogados y se encuentran en la etapa final de la redacción del anteproyecto, que entregarán el 7 de junio próximo al Consejo Constitucional, compuesto por 50 consejeros elegidos por los chilenos este domingo 7 de mayo.

Dentro del borrador presentado por la comisión de expertos destacan la presencia de bases constitucionales inquebrantables, como el hecho de que Chile "se organiza en un Estado social y democrático de derecho”, que es unitario, de régimen presidencialista con reelección posible, pero no inmediata. También se reconoce a los pueblos originarios como parte de la nación, algo que no aparece en la actual Carta Magna, redactada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Lejos del ánimo que existía después del estallido social de 2019, y del interés ciudadano presente durante el plebiscito de septiembre de 2022 -en el que ganó el rechazo a la nueva Constitución elaborada por una convención de mayoría izquierdista- hoy los chilenos están desinteresados y desconfiados de este segundo proceso marcado fuertemente por los límites impuestos por los propios partidos políticos. Así lo han evidenciado encuestas como la de Criteria, publicada en abril, que arrojó que solo el 31% de los chilenos están interesados en este proceso, contrastando con el 60% de interés que se registraba en el proceso anterior.

DW