El martes, Donald Trump fue acusado de cuatro cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, manipulación de testigos y conspiración contra los derechos civiles de los ciudadanos, en este caso, el derecho a que su voto sea contado. La acusación se centra en los esfuerzos de Trump para permanecer en el cargo después de que Joe Biden lo derrotara en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.
Trump, que es el aspirante republicano favorito para disputar las elecciones presidenciales de 2024, ahora enfrenta dos cargos federales y uno estatal, una causa penal en Nueva York, lo que lo convierte en el primer presidente de Estados Unidos en ser imputado. Asimismo, Trump también enfrenta una posible cuarta imputación en el estado de Georgia por interferencia electoral. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal especial Jack Smith cuando habló el martes.
“El ataque que se produjo contra el Capitolio de nuestro país el 6 de enero de 2021 fue un ataque sin precedentes contra la sede de la democracia estadounidense. Tal como se describe en la acusación, [el ataque] fue alimentado por mentiras del acusado, cuyo objetivo era obstruir una función fundamental del Gobierno de Estados Unidos, es decir, el proceso de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales”.
Uno de los abogados que representan a Trump, John Lauro, calificó la acusación de “ataque contra la libertad de expresión y la incidencia política”.
El documento de la acusación, que consta de 45 páginas, también hace referencia a seis cómplices cuya identidad no ha sido revelada. Se cree que la lista incluye a cuatro de los abogados de Trump (Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell y Kenneth Chesebro), así como a Jeffrey Clark, un exfuncionario del Departamento de Justicia.
La jueza de distrito Tanya Chutkan ha sido la elegida para presidir el juicio de Trump. Chutkan, quien fue nominada para su cargo por el expresidente Obama, ya ha presidido numerosos casos relacionados con la insurrección del 6 de enero de 2021 y, en repetidas ocasiones, ha sentenciado a los acusados a penas más largas de las solicitadas por los fiscales.
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