Jueves, 10 Febrero 2022 11:11

El FA amplió denuncia por concesión del Puerto

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Los senadores Charles Carrera y Mario Bergara presentaron ampliación de la denuncia penal en Fiscalía de 3er. Turno por graves delitos contra el patrimonio público y la entrega del Puerto de Montevideo hasta el año 2081 a la multinacional belga Katoen Natie Group (KNG). 

Para los senadores esta negociación constituye la mayor entrega de soberanía de nuestra historia reciente.

Consideran que es claro que existió desidia por parte de quienes la llevaron adelante, así como reiteran que se configuraron graves delitos cometidos contra el patrimonio público, el patrimonio de todos los uruguayos y uruguayas, como la confusión del interés público – privado y la usurpación de funciones, entre otros.

Si el gobierno usa solo los argumentos de la empresa, ¿de qué lado de la mesa están los intereses de todos los uruguayos y uruguayas? ¿Por qué en el proceso de negociación no se pidió ningún informe técnico – económico? Se preguntaron.

El Senador Bergara considera que la razón de no pedir informes a ninguna dependencia del Estado es porque éstos serían negativos y que se trata de un monopolio ilegal e inconstitucional que perjudica los intereses de todos los uruguayos y uruguayas.

Por su parte, Charles Carrera sostiene que en el Plan de Negocios surge que la empresa KNG formuló sus proyecciones a sabiendas que debería competir en igualdad de condiciones con los operadores de los muelles públicos y con otras futuras terminales y que dicho documento no podía ser desconocido por Heber, Ferrés y Curbelo, lo que configura la prueba irrefutable que el acuerdo con KNG, y los decretos que lo consolidan, se redactaron a sabiendas de que el Estado no enfrentaba ningún riesgo de perder el litigio con el que se lo amenazó.

Los elementos puestos a conocimiento de la Fiscalía, dan cuenta que, al momento que el Poder Ejecutivo no contestó ninguno de los recursos interpuestos, se configuró la denegatoria ficta cuya consecuencia es la presunción simple de ilegitimidad del accionar del gobierno.