La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central y el Caribe expresó este viernes su “más profunda preocupación” y condenó el allanamiento sufrido esta madrugada en la Curia Episcopal de la ciudad nicaragüense de Matagalpa y la siguiente aprehensión del Obispo de esa urbe y otras siete personas.

Tanto Monseñor Rolando Álvarez como el resto de las personas detenidas estaban retenidas y cercadas por la policía en esa dependencia desde el pasado 4 de agosto.

La policía nacional informó esta mañana que los detenidos fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, la capital del país, y que el Obispo quedó en detención domiciliar y pudo reunirse con representantes de la Conferencia Episcopal.

Las fuerzas del orden informaron el pasado 5 de agosto que los miembros de la Diócesis de Matagalpa estaban “siendo investigados penalmente por intentar conformar grupos violentos e incitar al odio con el propósito de desestabilizar al Estado”, motivo por el cual deberían mantenerse en sus domicilios.

Las autoridades respondieron de este modo “a las exhortaciones y oraciones de Monseñor Álvarez dirigidas en la vía pública a los policías y fuerzas antimotines que el 4 de agosto le impidieron llegar a la Catedral para celebrar una misa”.

La Oficina destaca que todas estas acciones forman parte “de una nueva ola de hostigamiento contra miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua, que en los últimos cuatro meses se manifestó a través de otros actos de acoso, amenazas, allanamientos, detenciones, obstaculización de ritos religiosos, encierro de sacerdotes y feligreses, y clausura de al menos 12 medios de comunicación confesionales, en contravención de las libertades personal, de circulación, religión y expresión”.

Igualmente destacan que las opiniones y expresiones independientes acerca de las instituciones y autoridades estatales deben protegerse “como parte del ejercicio de libertad de expresión”

“La detención del Obispo de Matagalpa, como represalia por su denuncia pública de violaciones de derechos humanos y en favor de las libertades públicas, suprimiría una de las últimas voces críticas en el país, cuyo espacio cívico ha sido prácticamente anulado en 2022 con el cierre de 1178 organizaciones de la sociedad civil y con el mantenimiento en detención arbitraria de 180 personas que deben ser liberadas”, finaliza el comunicado de la Oficina.