El Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, recibió una denuncia por parte del Sindicato Policial (SUPU) contra un hombre que se hacía llamar Licenciado, quien sería el director de una empresa.

De acuerdo a la denuncia, en el año 2016 el implicado se presentó ante la directiva de SUPU ofreciendo una propuesta de servicios que incluía garantía de alquiler, seguro de vida por accidentes, servicios jurídicos y notariales, cursos, descuentos en más de 1.000 locales adheridos, y sorteos mensuales y exclusivos para socios del sindicato, entre otros beneficios. Ante esta propuesta se generó un acuerdo y aunque no se llegó a firmar por las partes, de todas formas el Sindicato comenzó a pagar a la empresa el dinero correspondiente (una suma mensual de aproximadamente 350.000 pesos), el que era depositado en una cuenta de un banco privado, a nombre de una mujer que sería la pareja del implicado. Estas transferencias se dieron hasta agosto del 2021, alcanzando un monto total de más de 15.000.000 de pesos.

Cabe destacar que todas las gestiones y reuniones eran canalizadas a través del indagado, pero jamás firmó un documento, ni exhibió ningún tipo de documentación que acreditara su identidad.

Tras una exhaustiva investigación por parte de Interpol, realizada en colaboración con la Fiscalía departamental de Florida de 1° Turno, se constató que la empresa también simulaba sorteos con ganadores ficticios; incluso en una oportunidad el supuesto ganador no era socio del Sindicato ni funcionario policial y el premio nunca se entregó.

El implicado también presentaban documentos falsos que acreditaban el uso de cabañas vacacionales por parte de socios que jamás habían usufructuado dicho beneficio.

La investigación también logró constatar la verdadera identidad del implicado, que no era con la que él se presentaba.

Tras esto se realizaron allanamientos en la zona metropolitana del país y se detuvo al hombre y la mujer, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia.

Posteriormente, el miércoles 28 de febrero, el Juez Letrado de Florida de 1° Turno decretó la formalización de la investigación respecto a la mujer “por la comisión de reiterados delitos de estafa, disponiéndose como medida cautelar el deber de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal, la obligación de presentarse en forma semanal ante la seccional policial de su domicilio y la retención de documentación de viaje por un plazo de 120 días”.

En cuanto al hombre, se formalizó su investigación “por la comisión de reiterados delitos de estafa en reiteración real con un delito continuado de usurpación de título, disponiéndose como medida cautelar la prisión preventiva por un plazo de 120 días”.