La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, reiteró los llamados anteriores para que “los procesos electorales nacionales de Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos”.

En ese contexto, aseguró que le “preocupan mucho las medidas para restringir indebidamente el espacio cívico y democrático, incluidos los casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición”.

Y agregó que “los derechos humanos, como la libertad de expresión, reunión y asociación, y un entorno seguro son condiciones esenciales para los procesos electorales y deben protegerse”.

Previamente, Al Nashif había lamentado la decisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de suspender las actividades de la Oficina de Derechos Humanos en el país en espera de revisión, e instruir la salida de nuestros colegas en un plazo de 72 horas, medidas que dijo “son incompatibles con los términos de la Carta de Entendimiento acordada” con el Gobierno.

“Desde el establecimiento de la presencia del Oficina de Derechos Humanos en el país, puedo dar fe de que se han producido cambios positivos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer”, dijo.

Y citó como ejemplo, el hecho de que su Oficina no ha registrado incidentes de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante las protestas relacionadas con el disfrute de los derechos sociales y económicos que han persistido durante todo el año.

Sin embargo, mostró su preocupación por “los casos de arrestos y detenciones arbitrarias, despidos del empleo o restricciones en su acceso a las prestaciones sociales, como consecuencia de la participación en tales manifestaciones”.

Al Nashif añadió que los defensores de derechos humanos siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas, entre ellas Javier Tarazona y Rocío San Miguel.

En este contexto, hizo llamado a las autoridades para que se abstengan de adoptar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela, porque incluso “podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital”.

La Alta Comisionada adjunta también acogió con satisfacción la liberación de al menos 34 personas privadas de libertad a raíz de estos acuerdos. Sin embargo, recordó que la mayoría de ellas siguen siendo objeto de procesos penales y deben comparecer periódicamente ante el sistema de justicia.