Miércoles, 07 Abril 2021 11:51

OPINIÓN - “Derechos Humanos de Quinta Generación: El Derecho al Empleo”

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Partiendo de una clasificación de la evolución de los DDHH, la cual podemos describir por generaciones: una Primera: Derechos Civiles y Políticos; una Segunda: Derechos Sociales, Económicos y Culturales; una Tercera: Derechos Colectivos y los Derechos de las Generaciones Futuras; una Cuarta: Derechos a la Sociedad Abierta y a la Democratización de la Información, por citar algunos podemos mencionar: el Derecho de acceso a la información; el Derecho al Habeas Data, entre otros. Creemos que hay en ciernes una Quinta Generación de DDHH en consolidación que incluye el “Derecho al Empleo” sobre el cual nos explayaremos. 

Identificamos algunos problemas estructurales en el Uruguay que persisten, como la ausencia de un modelo de desarrollo productivo integral. Además el país tiene un importante debe en lograr materializar una ingeniería institucional eficiente, por ejemplo que logre poner en práctica un Sistema Nacional Integrado de Educación que mejore las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo, ya que la Educación y el Trabajo es un binomio indivisible, el que definimos en su conjunto como Educación para el Trabajo, la clave del desarrollo humano en la postmodernidad actual. Asimismo el país tiene otro debe pendiente como construir un Sistema Nacional de Empleo y Formación Profesional.

Consideramos que la educación es el primer pilar de equidad y justicia social que una sociedad debe universalizar, para dotar de oportunidades a todos. La propia educación es el vehículo para lograr un cambio cultural en el paradigma de la relación de sexos y alcanzar la equidad entre los géneros, que son justamente estereotipos culturales, creados socialmente y el primer lugar donde modificarlos, luego del hogar es en los centros educativos, pero a su vez los nuevos padres de las generaciones futuras, muchas veces son los estudiantes de hoy, con lo cual lo primero vuelve a ser la educación, bastante venida a menos en Uruguay, lo cual tiene impactos multidimensionales que afectan en principio los valores individuales de las personas y colectivos de las sociedades, disminuyendo el grado cultural de la población, incrementando la pérdida de hábitos de trabajo, reduciendo oportunidades de construir un proyecto de vida. Además de que es imprescindible lograr dotar a las personas de habilidades, destrezas y competencias laborales, logrando poner en marcha un mecanismo de certificación de estas, para su correspondiente acreditación y curriculización, ya sea por la vía de la educación formal o no formal, o con la conjunción de ambas a través de la educación técnica, tecnológica y/o profesional, o mediante las modalidades de la formación profesional, a través de la formación dual o en alternancia por ejemplo. Esto solo se logra a través de la puesta en funcionamiento de un Sistema Nacional Integrado de Educación y un Sistema Nacional de Empleo y Formación Profesional, que existan ante todo, que funcionen bien, que coordinen objetivos, que articulen estrategias y no se superpongan, ya que otro de los grandes problemas del Uruguay es la superposición de funciones y acciones, es decir que muchos organismos hacen cosas parecidas y a veces incluso iguales y a la vez, se utilizan de forma poco eficiente los recursos presupuestales.

Sin bien estos temas, implican un desarrollo mas exhaustivo, reiterar este concepto para mejorar en particular la empleabilidad de las mujeres, que es el desarrollo conceptual y doctrinario del “Derecho al Empleo”, una rama “sui generis” del derecho, que está llamado a proteger a la persona antes de iniciar una relación laboral, es decir en el proceso de búsqueda, selección, concurso y contratación o designación. En todo caso, el empleo está antes del trabajo; se trata de un estadio inmediatamente anterior –y por ello bien diferenciable- al desarrollo de la actividad misma. Casi podrían imaginarse estos diversos momentos en una línea de tiempo, que comienza con la disposición de la persona de comprometer su energía de trabajo a un empleador, y culminar con la configuración de una relación zafral, temporal, a término o permanente, ya sea contractual o estatutaria, que posee los medios productivos de que carece el trabajador. Visualizar con precisión estos diversos momentos, permite apreciar y categorizar una serie de problemas que tienen expresiones diversas en cada etapa de la relación laboral. Así, la forma de ingreso, la modalidad de trabajo acordada, la profesionalidad del trabajador, las expectativas de desarrollo funcional, las tareas comprometidas y los perfiles requeridos en cada caso quedan delimitados en esta etapa preliminar. El empleo puede exigir así la presencia de ciertos requerimientos en el trabajador –por ejemplo, en relación con la edad o las calificaciones profesionales- que resulten justificadas a los efectos de la actividad laboral concertada; también puede implicar toda una serie de imposiciones desmedidas del empleador, que ejercita abusivamente su poder de dirección. Así, un test psicológico o un cuestionario invasivo de la intimidad, la solicitud de información al Clearing de Informes, Certificado de Antecedentes Judiciales u otras investigaciones de la vida privada, que atentan contra derechos básicos en la etapa de ingreso a la relación de trabajo (empleo), pero a su vez suministra un caudal de información que el empleador, podrá utilizar durante el transcurso de la relación de trabajo, magnificando su poder de dirección. La regulación de estos aspectos es terreno fangoso en el que nace el Derecho al Empleo, si se considera que existe una responsabilidad del empleador antes de suscribir el contrato de trabajo, este tema merece un estudio más amplio y en profundidad. El mismo puede contribuir a proteger los derechos humanos por ejemplo de las mujeres en particular, por la discriminación de las cuales son víctimas a la hora de buscar un trabajo dependiente, o de otros colectivos por ejemplo LGBTIQ. Pero también de otros grupos que pueden ser discriminados por diversos motivos no tan claros (políticos, filosóficos, ideológicos, deontológicos), un ejemplo es la discrecionalidad y arbitrariedad del Estado uruguayo que sin marco jurídico que lo ampare, se permite decidir impedir el ingreso a la función pública, de ciudadanos que pese a concursar por oposición y méritos, a través de llamados públicos y abiertos, por sorteo vía Uruguay Concursa. Luego de que estos logran sortear todo tipo de pruebas con los más altos puntajes, como ser evaluación de sus méritos y antecedentes, test psicotécnico individual y grupal, pruebas de conocimiento, entrevistas con tribunal, posteriormente son eliminados con el simple argumento de que están sobrecalificados para la función y exceden el perfil requerido, aunque no exista evidencia de esto y no esté previsto en las bases del llamado. Y ante cualquier tipo de recurso administrativo no se respondan los argumentos del mismo por falta de fundamentos legales y se apele a la denegatoria ficta tanto para guardar silencio sobre tales injusticias, ya sea en la instancia del recurso de revocación como del recurso jerárquico y aun peor incluso en la instancia de petición de revisión se mantenga la misma postura. Lo cual como respuesta oficial solo puede asimilarse a un paralelismo al relato de la célebre novela El Proceso de Franz Kafka.

Si el propio Estado que debería ser el garante de los derechos individuales en materia laboral, es quien lleva adelante estas prácticas viciadas desde la propia Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), podemos decir que es preocupante y que existe un importante vacío legal. En síntesis, la pregunta es: que puede llevar a tomar estas decisiones y mantenerlas en el tiempo sin importar la administración de turno?

Quizás esto debería llamarnos a la reflexión y pensar si la superestructura que pesa sobre los contribuyentes del Estado, que nos vigila muy bien, también nos protege tan bien, parecen términos similares, pero son muy distintos sin dudas.

Quis custodiet ipsos custodes? (Juvenal).

Prof. Lic. Nelson Simatovich