La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha asegurado este martes que las autoridades de El Salvador han tomado varias medidas que plantean “grave preocupación” durante el año que el estado de emergencia lleva vigente en el país centroamericano.

La portavoz de la Oficina señaló que “entiende los graves desafíos que suponen para El Salvador la violencia de las pandillas” y “el deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.

Sin embargo, el Estado también tiene la obligación de cumplir con las leyes internacionales de derechos humanos, aseguró Marta Hurtado.

La vocera recordó que el estado de emergencia inicial, que fue decretado el 27 de marzo de 2002, ha sido renovado regularmente hasta cumplir un año y aún sigue vigente.

“Durante el último año, al menos 65.000 personas han sido detenidas. Algunos de los arrestos masivos, que han incluido a niños, pueden constituir detención arbitraria, ya que parecen basarse en investigaciones poco fundamentadas y en perfiles burdos del aspecto físico o de los antecedentes sociales de los detenidos”, explicó Hurtado.

Las condiciones de los frecuentemente superpoblados centros de detención son también una cuestión de profunda preocupación para la Oficina.

“Es especialmente preocupante que 90 personas hayan muerto en custodia desde que el estado de emergencia entró en vigor, y solo se tenga información limitada sobre cómo se está procediendo con las investigaciones de esas muertes”, agregó.

Hurtado recordó que, además, “los Estados tienen un deber reforzado de proteger la vida de las personas privadas de libertad”.

La Procuraduría Nacional de Derechos Humanos de El Salvador ha recolectado hasta el momento 7900 quejas sobre violaciones de los derechos humanos contra los detenidos, informó la portavoz, que pidió a las autoridades del país que garantice que nadie sea arrestado sin la suficiente autorización legal y que asegure que los detenidos gocen de todas las garantías fundamentales exigidas por la legislación internacional de derechos humanos.

“También pedimos a las autoridades que permitan a la institución nacional de derechos humanos acceder sin restricciones a todas las instalaciones penitenciarias para que pueda realizar informes periódicos e independientes sobre las condiciones de reclusión”, dijo.

La Oficina recordó a las autoridades la experiencia internacional que demuestra que “confiar en un modelo penitenciario excesivamente represivo reduce las posibilidades de que los presos se reintegren con éxito en la sociedad”.

“El derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura, el principio a un juicio justo, incluida la presunción de inocencia, así como las garantías procesales que protegen estos derechos se aplican en todo momento, incluso durante los estados de excepción declarados”, aseguró Hurtado.

La Oficina destaca también que para encontrar soluciones sostenibles y a largo plazo a la inseguridad y la delincuencia, es preciso abordar las causas profundas de la violencia de las bandas, como las desigualdades sociales, la marginación y la falta de políticas sociales y de gobernanza eficaces.