El gobierno de Nicaragua disolvió la semana pasada otras 26 organizaciones sin fines de lucro, con lo que se elevan a casi 3.500 las ONG ilegalizadas en los últimos cinco años. Analistas advierten que la estrategia del presidente Daniel Ortega es eliminar todo espacio de sociedad civil en el país, a la que ve como "una amenaza”.
Desde la rebelión del 18 de abril de 2018, el régimen ha cerrado universidades, asociaciones de profesionales, artistas, mujeres, agricultores y ganaderos, misiones religiosas, ONG locales y extranjeras que practicaban cirugías gratuitas a los niños. También se ilegalizó a la Academia de la Lengua, decisión que la Real Academia Española (RAE) calificó como un "disparate monumental”.
Pero la noticia quizás más inaudita fue el cierre y confiscación, el pasado 10 de mayo, de la Cruz Roja Nicaragüense, institución mundialmente neutral, y que por decisión del gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo pasó a operar ahora como una dependencia del Ministerio de Salud (Minsa).
La ley aprobada por el Parlamento de Nicaragua adujo que "en los actos acontecidos en el 2018 (...) algunas filiales de esta asociación (Cruz Roja) actuaron en contra de estos principios y de su acta constitutiva y estatutos, y la asociación misma transgredió las leyes del país".
En 2018, las autoridades del Minsa prohibieron la atención en hospitales públicos de los manifestantes heridos en las protestas, muchos de los cuales eran rescatados y evacuados bajo las balas de la policía por voluntarios de la Cruz Roja que también exponían sus vidas.
DW
