“Las autoridades israelíes están cometiendo la mayoría de las violaciones como parte del objetivo del gobierno israelí de consolidar su ocupación permanente a expensas de los derechos del pueblo palestino”, aseveró este martes la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Oriental, e Israel.

Navi Pillay, presidenta de ese equipo investigador establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en mayo de 2021, presentó el segundo informe de la Comisión, centrado en los ataques, restricciones y acoso a la sociedad civil palestina e israelí, sobre todo a los grupos que defienden la autodeterminación del pueblo palestino.

Los hallazgos de la pesquisa revelaron que el gobierno israelí ha restringido cada vez más el espacio cívico a través de una estrategia de deslegitimación y silenciamiento de la sociedad civil palestina e israelí, para sofocar la disidencia, frustrar las instituciones y prácticas democráticas y fortalecer el autoritarismo.

“Esto incluye criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil palestina y a sus miembros etiquetándolos como ‘terroristas’ y amenazando a las instituciones que brindan una plataforma para el discurso de la sociedad civil”, explicó Pillay, y abundó que también implica presionar a los donantes e implementar medidas para recortar o finalizar la financiación.

De acuerdo con la Comisión, esta estrategia se implementa hacia activistas y organizaciones de la sociedad civil israelíes y palestinas, e internacionalmente hacia defensores de los derechos de los palestinos en todo el mundo, con el apoyo de organizaciones de extrema derecha.

Pillay refirió asimismo que las autoridades israelíes han utilizado métodos punitivos para disuadir e interferir las actividades de los miembros de la sociedad civil palestina, citando arrestos y detenciones arbitrarias, detenciones administrativas, prohibiciones de viaje y restricciones de movimiento, deportaciones y revocación de documentos de identidad y residencia como prácticas generalizadas contra miembros de la sociedad civil.

Además, denunció que las autoridades israelíes han sometido a defensores de los derechos humanos palestinos, incluidos periodistas, a malos tratos mientras se encuentran detenidos.

En este renglón, la experta señaló que las agencias de seguridad de la Autoridad Palestina y las autoridades de Gaza también se han valido de detenciones, tortura y malos tratos para castigar e intimidar a opositores.

Añadió que la legislación antiterrorista es innecesaria, desproporcionada y viola las leyes internacionales de derechos humanos.