En el marco de las denuncias recibidas en las visitas realizadas a Jujuy la semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina pidió a la justicia federal que inicie una investigación penal de forma urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión contra manifestantes.
La presentación incluyó testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia.
Las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones. También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes.
“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que –más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, señaló la presentación.
El escrito también menciona que el propio gobernador Gerardo Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, información que sólo debería manejar el Poder Judicial.
La denuncia se suma al habeas corpus presentado ante la justicia local este lunes por la Secretaría para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta. A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Gerardo Morales a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida.
El secretario Pietragalla Corti viajó a la provincia en dos ocasiones en los últimos diez días para monitorear de cerca las denuncias de violencia institucional y el recrudecimiento de la represión en las protestas que se generaron en rechazo a la sanción de una reforma de la Constitución local.
