Correa deberá ser trasladado a una prisión federal de máxima seguridad fuera del estado, ya que supone un "riesgo para las investigaciones". Las pruebas presentadas por los fiscales de Río apuntan a su conexión con el caso antes, durante y después de los asesinatos.

La concejala Marielle Franco, asesinada el 14 de marzo de 2018 en el barrio Estácio, en el centro de Río, era vigilada desde agosto de 2017, siete meses antes del crimen.

Las pruebas que indican la participación de Correa provienen de la declaración que prestó otro acusado, el expolicía militar Élcio de Queiroz, bajo un acuerdo de delación compensada. El testimonio menciona la conexión del bombero con Ronnie Lessa, también en prisión, acusado de disparar contra el coche donde estaban las víctimas. También se cree que Correa participó en el intercambio de matrículas del vehículo utilizado en el asesinato, en la eliminación de las cápsulas y la munición utilizadas en el crimen y en la organización del desmantelamiento del coche un día después del crimen.

Correa, según Élcio, se encargaba de mantener económicamente a su familia y de pagar los gastos de su defensa, con el fin de evitar una ruptura entre ellos. Correa era supuestamente miembro de una organización criminal, además de poseer un patrimonio incompatible con su condición económica.

La operación federal Élpis —que se puso en marcha el lunes (24) y culminó con la detención de Maxwell Correa— es la primera ofensiva iniciada después de que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, pidiera en febrero a la Policía Federal y a los fiscales de Río que investigaran los dos asesinatos, así como el intento de asesinato de la asesora de Franco, Fernanda Chaves, que también iba en el coche con la concejala.

Agencia Brasil