El Gobierno de México también ha acordado aplicar más de una docena de políticas a fin de impedir que migrantes y solicitantes de asilo lleguen a Estados Unidos. Esto se produce cuando las autoridades de inmigración estadounidenses han informado que, en las últimas semanas, se ha producido un fuerte incremento en el número de personas que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, al tiempo que miles de personas buscan huir de la violencia, los conflictos, la pobreza extrema y de las consecuencias del cambio climático que experimentan en sus países de origen.

El alcalde de la ciudad texana de El Paso ha declarado que su ciudad se encuentra en un “punto de quiebre”, ya que los albergues están al límite de su capacidad, lo que obliga a muchos solicitantes de asilo a permanecer en las calles.

Asimismo, Eagle Pass, otra ciudad fronteriza del estado de Texas, ha extendido su declaración de estado de emergencia ante los miles de solicitantes de asilo que han llegado en los últimos días. Mientras tanto, activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes han condenado al Gobierno de Biden por desplegar más soldados en la frontera sur y no dar prioridad a la ayuda humanitaria ni abordar los grandes retrasos que demoran ampliamente la tramitación de las solicitudes de asilo y otros tipos de trámites migratorios. Un informe que recientemente publicó la Universidad de Siracusa revela que actualmente hay unos 2,6 millones de casos pendientes en los tribunales de inmigración de Estados Unidos.

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