En las últimas horas se habían conocido las salidas del secretario de Transformación del Estado, Armando Guibert, y de la titular del Renaper, Geraldine Calvella. También hubo renuncias en Capital Humano y en Seguridad.

El gobierno de Javier Milei continúa con su sangría de funcionarios. Esta vez, el que presentó su renuncia al cargo fue el director de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, quien no solo se negó a despedir personal de esa actividad sino que, además, recibió aprietes por parte de Cancillería para desregular la actividad y hacer la vista gorda en el escándalo de un buque acusado por pesca ilegal.

Por más que el cargo aluda a una tercera línea, el área que hasta las últimas horas ocupaba Suárez es clave en la dinámica comercial de esa industria. Y a diferencia de los funcionarios que durante los últimos días se alejaron del Gobierno, él no era un improvisado ni tampoco un libertario.

Suárez ocupó esa misma dirección durante la administración de Alberto Fernández y, por su idoneidad, la Subsecretaría de Pesca encabezada por Juan Antonio López Cazorla le pidió que continuara en ese cargo. Pero en los últimos días se le ordenaron requerimientos que se negó a aceptar y presentó su dimisión de manera indeclinable.

El hecho más visible fue el caso del buque factoría Tai An, propiedad de una empresa argentina que en los últimos días fue denunciado por pesca ilegal de merluza negra en una zona de exclusión. Pese a los continuos pedidos de sanción exigidos por la industria, Suárez intentó hacer volver al puerto a ese pesquero pero, según trascendió, recibió órdenes contrarias de parte de Cancillería.

La salida de Suárez se suma a la lista de funcionarios de Javier Milei que, con mayor o menor derrotero en la función, debieron alejarse de la función por diversos escándalos. La última de ellas fue Geraldine Calvella, quien sin ninguna experiencia fue puesta al frente de la Dirección de Fiscalización de Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Página 12