El desmantelamiento de las estructuras criminales y la lucha contra la corrupción son pilares fundamentales para la consolidación de la paz
La experta internacional en Derechos Humanos de la ONU pidió este martes al Estado colombiano que implemente el Acuerdo de Paz de 2016 como política de Estado y garantice que todos los procesos de diálogo con grupos armados no estatales tengan un enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas.
En su informe, elaborado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Antonia Urrejola, expone los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluidos los identificados por la Jurisdicción Especial para la Paz en marzo de 2023, y formula recomendaciones para contribuir a la consolidación de la paz en Colombia.
El informe señala avances relacionados con la reforma rural integral y con la justicia transicional. También destaca que el 80% de los firmantes de los acuerdos mantienen su compromiso de reintegrarse a la sociedad, a pesar de los obstáculos, y los riesgos para sus vidas.
El Acuerdo de Paz de 2016 es una hoja de ruta para abordar las causas estructurales del conflicto y garantizar la no repetición, señala el informe, que subraya que las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos deben implementarse de forma progresiva e independiente del contexto político.
El informe señala que los primeros años tras la firma del Acuerdo de Paz fueron cruciales para garantizar su aplicación y consolidar la confianza de la población en el Acuerdo, pero estuvieron marcados por un contexto político hostil a ese Acuerdo. Esto dio lugar a una aplicación irregular y a ataques contra el sistema de justicia transicional.
Así, el documento señala posibles obstrucciones de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso de "Jesús Santrich", ex miembro de las FARC-EP y negociador del Acuerdo de Paz y destaca que el caso ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para minar la confianza de la población en el Acuerdo y en el sistema de justicia transicional.
