Viernes, 10 Mayo 2024 10:25

Brasil: desmonte en tres estados amazónicos

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Brasil: desmonte en tres estados amazónicos Foto: Archivo.

Científicos apuntan que la presión en el límite entre Amazonas, Acre y Rondônia se ha intensificado a partir de 2018, con el anuncio de la creación de una zona de desarrollo sostenible.  

Mientras el gobierno federal brasileño debate la creación de un polo agrícola en la confluencia entre los estados de Amazonas, Acre y Rondônia –una zona popularmente conocida por el acrónimo Amacro–, el desmonte en los municipios de esa región avanza y representa actualmente el 76,5 % del total del área devastada en esos tres estados entre 2018 y 2022. Esta es la conclusión que surge de un estudio publicado en la revista científica Perspectives in Ecology and Conservation.

De acuerdo con dicha investigación, desde la comunicación de la intención de crear una zona de desarrollo sostenible (ZDS), en 2018, la región ha venido enfrentando un aumento de las tasas de deforestación, con la especulación territorial, la extracción ilegal de madera y la conversión de la selva en pasturas y tierras agrícolas.

Los científicos utilizaron datos oficiales basados en teledetección para analizar un área de alrededor de 454.000 kilómetros cuadrados (km²), el equivalente a poco más que el territorio de Suecia. La misma abarca 32 municipios situados en el límite entre el sur del estado de Amazonas, el este de Acre y el noroeste de Rondônia, y ha venido denominándosela “el nuevo arco de la deforestación”. En dicha región, donde viven alrededor de 1.700.000 personas, está prevista la creación de la ZDS Abunã-Madeira, actualmente en fase de planificación y articulación.

“Cuando estaba haciendo el posdoctorado en el Inpe [el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales], analizaba la expansión del límite agrícola en el Cerrado [la sabana tropical brasileña]. Pero fue posible notar que había una dinámica de avance también en la Amazonia, especialmente en aquella región. Por eso fuimos a intentar entender qué estaba sucediendo allí y arribamos a ese escenario de especulación territorial y presión intensa”, le dice a Agência FAPESP el investigador Michel Eustáquio Dantas Chaves, autor principal del artículo y docente en la Universidade Estadual Paulista (Unesp) en el campus de Tupã.

Dantas Chaves había estado a la cabeza de otro estudio en el que se demostró la eficacia de la aplicación de imágenes satelitales de la misión Sentinel-2 en los análisis enfocados en la detección del avance de la frontera agrícola, uno de los factores de las alteraciones abruptas en el uso de la tierra.

Las tasas de deforestación en la Amazonia Legal brasileña (un área creada por el gobierno brasileño con miras a establecer políticas de desarrollo local y protección ambiental que abarca a los nueve estados en donde existe este bioma) aumentaron gradualmente durante la última década, superando la marca anual de 10.000 km² y llegando a 13.038 km² en 2021, el mayor índice desde 2006, de acuerdo con el Proyecto de Monitoreo vía Satélite de la Selva Amazónica Brasileña (Prodes), del Inpe. Este panorama cambió solamente el año pasado, cuando, tras cuatro años consecutivos de tasas altas, el área deforestada se ubicó en 9.001 km² entre agosto de 2022 y julio de 2023, con una disminución del 22 % en comparación con el período anterior.

Al analizar los tipos de ordenamientos territoriales, los investigadores demostraron que el desmonte fue más frecuente y creciente en las tierras privadas, pero avanzó en forma preocupante sobre las Unidades de Conservación (UC) entre 2018 y 2022. Con relación a las tierras públicas –que constituyen gran parte del área de zonificación, incluidas las reservas extractivas y las tierras Indígenas (TI)– también hubo presión y amenazas. En 2021, por ejemplo, el 64% del desmonte se concretó en esas áreas. Allí hay 86 UC, 49 TI y unos 94.000 km² de bosques públicos no destinados.

Para los científicos, resulta preocupante la ausencia de estudios de impacto ambiental y de políticas públicas socioambientales tendientes a proteger a las comunidades tradicionales, lo que pone en duda la factibilidad y la sostenibilidad del proyecto.

Luciana Constantino - FAPESP