El presidente de Argentina, Javier Milei, se propuso vetar la nueva Ley de movilidad jubilatoria amparándose en el resguardo del superávit fiscal –principal ancla del Gobierno- y aduciendo que los jubilados habían ganado en términos reales durante su gestión. Ambas afirmaciones fueron desmentidas por estudios privados. Si se hubiera mantenido la fórmula vigente, “la jubilación real mínima habría cerrado el año 2 por ciento arriba de noviembre de 2023, mientras que con la fórmula actual cerraría un 4 por ciento debajo”, estimaron.
El lunes se publicó el decreto presidencial 782/24 en el Boletín Oficial, el cual da de baja la Ley de movilidad jubilatoria aprobada 10 días atrás por el Senado y con media sanción de Diputados desde junio. El mismo establecía un incremento adicional en los haberes del 8,1 por ciento, retroactivo a abril, para que junto al 12,5 por ciento que se había otorgado en marzo, se recompusiera la totalidad de la pérdida por inflación de enero. La votación en el Senado había sido de 61 voluntades a favor y 8 en contra.
Con un costo político probablemente alto, dado que sólo contuvo el apoyo del PRO, pero la oposición de radicales y peronistas de distintas vertientes, la decisión del Gobierno fue la de mantener la licuación de los haberes jubilatorios que “en el primer semestre del año dieron cuenta del 27,7 por ciento del superávit fiscal”, calculó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Según el derrotero de la política previsional de Milei que realiza el CEPA –empezando con la idea de sancionar la emergencia previsional en la primera versión de la Ley Bases, para luego proponer la derogación de la moratoria en la segunda versión y finalmente aplicar subas por inflación pasada y bono de 70.000 pesos-, los últimos aumentos aplicados permitieron “la recuperación de las jubilaciones del fondo del pozo al que el propio gobierno de Milei las había llevado”.
Se aplicaron aumentos “según la inflación de febrero de 13,2 por ciento en abril, en mayo del 11 por ciento como resultado de la inflación de marzo y en junio del 8,8 por ciento por la inflación de abril”. Además, agregaron, en junio se compararían los aumentos otorgados con la movilidad anterior y se aplicaría el mayor.
Pero llegó el veto presidencial amparado, según palabras del presidente, en que “desde que nosotros llegamos al poder, las jubilaciones están 5 por ciento arriba, es decir las jubilaciones le ganaron a la inflación”. El CEPA desmiente esto: “En concreto, las jubilaciones sin bono en el trimestre septiembre-noviembre de 2024 se mantendrán 4,6 por ciento por debajo del mismo trimestre de 2023, mientras que las jubilaciones con bono lo harían 13,6 por ciento por debajo”, explicaron.
Página 12
