En Argentina, el miércoles despiden a un trabajador de la empresa Intercargo, sus autoridades no atienden al gremio, se realizan asambleas, se producen demoras, el gobierno grita "rehenes" y presenta denuncias penales.

Este jueves redoblan la apuesta, suspenden a 15 empleados más, avisan que van a desregular el servicio que presta Intercargo y en la Rosada se corre el telón para una nueva puesta en escena: aparecen la encargada de la represión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el responsable de privatizar todo (Federico Sturzenegger) y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Acusan a los trabajadores de ser "terroristas", afirman que están dispuestos a terminar con "los piquetes aéreos" y que las fuerzas de seguridad van a reemplazar las tareas de los trabajadores de rampa.

Ninguno de los funcionarios recuerda, convenientemente, la existencia de derechos laborales, los reclamos salariales, los protocolos de seguridad en los aeropuertos y lanzan un nuevo ataque, por enésima vez, contra el servicio estatal aerocomercial para justificar, en el fondo, la venta y desguace de una de las viejas joyas del Estado argentino: Aerolíneas Argentinas. Edgardo Llano, titular de la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos (APA) que representa a los trabajadores de Intercargo, afirmó que todo forma parte de "una política extorsiva del Gobierno" y que con estas medidas "pone en riesgo la operación de rampa en todo el país".

Página 12