El gobierno de Argentina autorizó a los militares a detener civiles que hayan cometido delitos de flagrancia. La medida fue anunciada por el ministro de Defensa, Luis Petri, a través de una serie de posteos en los que llamativamente salió a defenderse sin ser atacado, y cuestionar a todo aquel que pudiera poner en tela de juicio esa disposición.

La disposición regirá particularmente en los puestos fronterizos en los que miembros de las Fuerzas Armadas desempeñan tareas de control y vigilancia y toma como modelo una práctica que, según el funcionario, se desarrollaría también en “todos los países limítrofes con la Argentina”.

Petri advirtió que “sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar", desafió públicamente a través de la red X.

Quien salió a responder inmediatamente al funcionario y alertar sobre los riesgos de la nueva disposición fue su antecesor Agustín Rossi. “La medida no es controversial, es ILEGAL”, remarcó y sostuvo que esas tareas que ahora se le asignarán al personal militar “van en sentido contrario” de las leyes de Defensa y de Seguridad Interior.

Además, advirtió que “el personal militar que acate estas órdenes (de detener civiles) está absolutamente desprotegido legalmente” porque se trata de “tareas que corresponden a las fuerzas de seguridad y que están taxativamente prohibidas por las leyes vigentes”.

Petri sostiene todo lo contrario. A la hora de explicar su decisión dijo que “la ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras” y que “la posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los códigos procesales de las provincias y la Nación".

El ministro no dio precisiones de la legislación a la que hizo referencia sino que siguió acusando a sus eventuales críticos: “Sólo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas. Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras”.

Página 12