El representante para América Central de la Oficina de Derechos Humanos ha rechazado la orden de arresto, inhabilitación para cargo público y la persecución penal contra Cristiana Chamorro, una de las principales precandidatas presidenciales en Nicaragua.

“No puede haber elecciones libres y creíbles sin garantizar los derechos humanos de todos los candidatos y votantes”, dice Alberto Albrunori en un video publicado en Twitter, en referencia a los comicios previstos para noviembre. “Las acciones del ministerio público y el órgano judicial contienen elementos que dan la impresión de ser arbitrarios y de querer evitar que ella ejerza su derecho a la participación política presentándose a las elecciones de noviembre”.

La Oficina considera que estas medidas “unidas a la disolución de los partidos políticos, a los ataques continuados a la prensa y a la persecución penal a los integrantes de la Fundación Violeta Barro de Chamorro describen un escenario sombrío para los derechos humanos”. El representante reitera su petición al Gobierno de Nicaragua para que “garantice un proceso electoral democrático en el que todas las sensibilidades políticas se vean reflejadas y que cesen los ataques contra la oposición, la prensa independiente y la sociedad civil”.

La relatora sobre la situación de los defensores de derechos humanos también ha instado al Gobierno a “poner fin a los crecientes ataques y detenciones arbitrarias” en contra de estos activistas. Mary Lawlor denuncia que se ha desencadenado “una nueva oleada” de detenciones y ataques por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en el marco del tercer aniversario de las manifestaciones sociales.

La relatora intervino tras la detención de dos defensores, Celia Cruz y John Christopher Cerna Zúñiga, que habrían sufrido malos tratos en prisión.