La fiscalía en El Salvador acusó al expresidente Alfredo Cristiani y a varios exmilitares por la masacre de seis sacerdotes jesuitas llevada a cabo en 1989 por un escuadrón de la muerte entrenado por Estados Unidos.
La ama de llaves de los sacerdotes y su hija también fueron asesinadas. En 2016, se levantó una ley de amnistía que protegía a los involucrados en la masacre, pero hasta ahora solo un hombre, el excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, ha rendido cuentas por las muertes. En 2020, Montano fue condenado por un tribunal español a 133 años de prisión por el asesinato de cinco de los sacerdotes, quienes eran españoles.
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