Como parte de las conclusiones a las que arribó el equipo de economistas del ICUDU, se menciona un aspecto “auspicioso” del discurso del mandatario cuando se refirió al crecimiento reciente del empleo. Sin embargo, “es preciso una mirada más atenta de los mismos para dar cuenta de las fragilidades que el mismo presenta y la necesidad de reforzar las políticas en este plano”.

En su análisis, el ICUDU hizo referencia a las omisiones del presidente Lacalle Pou. En este sentido, considera que “la falta de mención a la trayectoria que han tenido los ingresos salariales y las pasividades durante la actual gestión de gobierno, así como la incertidumbre y falta de claridad acerca del compromiso de recuperación, es una omisión central que hace a este relato. La pérdida de bienestar que tuvieron trabajadores y pasivos durante los dos últimos años es irrecuperable y por ende, el retorno a los niveles de poder de compra previos a la caída no debería postergarse ni soslayarse en ningún balance gubernamental”.

Empero, subraya que el déficit fiscal por el contrario, “ha sido un dato central en el relato del gobierno”, no obstante, considera que una vez más “es preciso una mirada detenida del mismo para entender cuánto tenemos para festejar al respecto las grandes mayorías. En este plano, hay que evaluar por un lado, cuál es el beneficio de una mejora en las cuentas públicas sostenido en un fuerte ajuste fiscal, que afecta fundamentalmente al ingreso real de los trabajadores estatales así como de jubilados y pensionistas, y a la inversión pública. Empero, cuando el mismo significó un sobre cumplimiento de metas y una postergación de compromisos electorales como la reducción de impuestos y tarifas”.

En otro punto, el ICUDU se detiene en los anuncios del mandatario sobre las modificaciones al IRPF y al IASS. En este plano, sostiene que por la vía administrativa del ajuste de las BPC, “ambos impuestos se incrementaron en términos reales en enero de 2021 y enero de 2022”. Asimismo, el documento explica que se debe considerar que menos del 30% de los jubilados pagan IASS y menos del 40% de los activos pagan IRPF “por lo que esta medida no favorecería ni al 70% de jubilados ni al 60% de trabajadores de menores ingresos. Además, por simpática que parezca esta propuesta, es imposible olvidar que se da en el marco de una caída generalizada de ingresos reales de asalariados y pensionistas, y de incremento en la presión tributaria de los hogares”.