Al atacar nuevamente con mentiras al sistema electoral, habría abusado de su poder, previsto en la ley de inelegibilidad. La ofensiva contra el TSE (Tribunal Superior Electoral) caracterizaría un delito de responsabilidad, según la Ley de Impeachment.
El discurso provocó repudio en el seno del Poder Judicial y en varios sectores del Ministerio Público. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, repudió "el intento de poner en jaque el proceso electoral a través de la comunidad internacional".
En una carta, 43 fiscales dijeron que Bolsonaro está haciendo campaña de desinformación y "degrada la libertad democrática". Exigieron al fiscal general, Augusto Aras, que investigue al presidente.
En tanto, la embajada de EE UU calificó en una nota, que las elecciones brasileñas como un "modelo" y dijo que confiaba en las instituciones. Tres asociaciones de empleados de la Policía Federal declararon que nunca se encontraron pruebas de fraude en el sistema.
