Los dos almirantes involucrados en las irregularidades son los que estuvieron al frente de la Armada Nacional en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.

El caso obedece exclusivamente a lo actuado en el período anterior en la Comisión Técnica de la Armada (COTEC) por indicios surgidos tras el cambio de gobierno. En diciembre de 2020, el Ministerio de Defensa inicio una investigación de urgencia y a su vez pasó los datos a Fiscalía para que siguiera curso en la justicia.

En paralelo, dentro del Ministerio se ordenó una investigación administrativa sobre esa dependencia de la Armada Nacional para comprobar si había irregularidades en los controles que debe ejercer y en el manejo de dinero que tiene esa dependencia, generados de la actividad que realiza.

Además, en la ley de Rendición de Cuentas y Presupuesto se introdujeron cambios en el sistema de pago para evitar el manejo que se había detectado y poner controles más exigentes.

La investigación de la sección Jurídica del Ministerio fue exclusivamente sobre la COTEC que es la comisión técnica dedicada a la inspección de barcos mercantes dentro y fuera de territorio.

La revisión de casos y la recolección de testimonios concluyó que hubo un manejo irregular de fondos, por inspecciones que se pagaban y no se hacían, entre otros.

En la conclusión del trabajo se determinó que los militares involucrados cometieron faltas graves, de diferente alcance, como manejo de fondos extra presupuestales, pagos en mayor monto de lo correspondiente, pagos de más de una vez por una inspección, fondos recaudados que no eran volcados a la caja de la dependencia y pagos que se habían hecho a personas que no habían realizado inspecciones.

El resultado de la investigación con esas conclusiones fue derivado estos días también a Fiscalía.

Pero en lo interno, el mecanismo de sanciones determina aplicar el reglamento militar, por lo que uno de los involucrados queda fuera del alcance de sanciones. Es el caso del Almirante Leonardo Alonso (1º febrero 2015 al 1º febrero 2018), porque al tener más de cuatro años de más de retirado, no es pasible de sanción porque perdió estado militar.

Pero es distinta la situación del Almirante Carlos Abilleira que sucedió a Alonso en febrero de 2018 y ejerció el mando hasta el 4 de marzo de 2020, que al ser pasible de sanción, le aplicaron arresto a rigor, en un lugar que debe ser determinado por el actual comandante de la fuerza.

La misma medida de arresto alcanza a cuatro capitanes de navío retirados y tres en actividad.

Las sanciones y todo el resultado de la investigación ya pasaron a Fiscalía, por lo que el caso ahora sigue en el ámbito de la justicia.

Subrayado