Los investigadores mapearon 242 depósitos minerales en la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), un área localizada entre los estados norteños de Amapá y Pará, creada por el gobierno brasileño en 1984 con la finalidad de proteger bienes minerales y para la investigación geológica. La deforestación abarcaría un 16,6 % de los 47 mil km² del área total de la Renca.
Este escenario exigiría 1.463 km de nuevas carreteras que facilitasen el acceso a la región, provocando una deforestación indirecta (estimada como 40 veces mayor que la devastación directa de la minería) y la fragmentación del paisaje, con una importante pérdida de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que la selva suministra.
El resultado de este estudio salió publicado en la revista científica Nature Sustainability en medio de los debates de diversos proyectos de ley en el Congreso Nacional de Brasil que prevén la autorización de la minería en áreas protegidas, incluso en Tierras Indígenas (TI). Mientras tanto, han venido registrándose altas tasas de deforestación en la Amazonia: fueron 8.590,33 km² entre agosto de 2021 y julio de 2022, un índice que ocupa el tercer lugar en las mediciones efectuadas desde 2015, de acuerdo con datos de programa Deter, una herramienta del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe).
En el trabajo al que aquí se alude, se modelaron cinco escenarios de expansión de la minería durante 30 años en la Renca. En la actualidad, nueve Unidades de Conservación cubren el 90 % del área de la reserva: dos son TI, tres son áreas de protección integral y cuatro son de uso sostenible. No está permitida la minería legalmente dentro de ese territorio y de las áreas protegidas que se ubican en la Renca.
En 2017, el entonces presidente Michel Temer intentó terminar con la protección de la reserva con el argumento de la explotación comercial, pero cedió tras la presión de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil.
“Una de las innovaciones de la investigación fue el modelado de los impactos futuros de posibles nuevas áreas destinadas a la minería y de la infraestructura necesaria para llegar a ellas, como en el caso de la construcción de carreteras. Creemos que las discusiones y las propuestas tendientes a reducir las áreas protegidas deben tener en cuenta el impacto sobre la selva, sobre su biodiversidad y sobre los servicios ecosistémicos. De allí la necesidad de contar con una planificación estratégica en estos casos”, le dijo a Agência FAPESP la ingeniera ambiental Juliana Siqueira-Gay.
Luciana Constantino - FAPESP
