“A los efectos de garantizar la efectiva prestación de los servicios locales, los que estarán a cargo y pasarán a ser ejecutados a través de las dependencias departamentales en atención a la prioridades que fije el Concejo Municipal, en coordinación con el Departamento de Descentralización”, según la resolución 1694/2023.
Se nombró al Departamento de Descentralización como responsable de cumplir con los servicios y obras que deba realizar el municipio, y de la infraestructura, muebles y documentación. Asimismo, el personal pasó a depender también de Descentralización, a cargo de Javier Rodríguez, quien fue nombrado coordinador.
El alcalde Ramiro Ayende aseguró que “en Paysandú tenemos un dictador que se llama Nicolás Olivera. La suya es una política dictatorial, me niega los recursos, me patotea, esos son los síntomas de un dictador”.
Reconoció que “me sacó todo el personal, ahora depende de Descentralización” pero advirtió que “cualquier persona que venga de Paysandú, mandado por Olivera, a trabajar en Porvenir, lo hará bajo mi mando como marca la ley. Es ley. El coordinador que venga responderá a mi mando. Hay que recordar que esto se quiso hacer ya con Roque Jesús, a quien lo saqué porque quería mandar solo”.
Aunque el edificio del municipio quedó bajo control de Descentralización, que contrató un servicio privado de seguridad. No obstante, alrededor de las 19, Ramiro Ayende se hizo presente en el lugar y desoyendo la advertencia de la guardia, ingresó al local, desconociéndose el motivo. La Intendencia radicó denuncia ante la Policía.
En la mañana de ayer, la encargada de Descentralización, Gabriela Gómez, acompañada por abogados y escribanos de la Intendencia, se trasladaron a Porvenir a efectos de llevar adelante la resolución que pasa el personal bajo control de Descentralización, con “acciones concretas para suplir las deficiencias de los servicios municipales”, dado que “los mismos se vieron afectados en su regularidad a raíz del contexto institucional” que mantiene enfrentados a Ayende con el Ejecutivo Departamental.
“Existen un cúmulo de situaciones que evidencian una sostenida erosión en el Municipio de Porvenir que ha tenido por consecuencia impactar negativamente en la regularidad y calidad de los servicios destinados a los vecinos de la zona”, indica la resolución. La misma reconoce que “se han suscitado reiteradas acciones del señor Alcalde, que por fuera de su competencia han derivado en serias distorsiones del funcionamiento del Plan CAIF que gestiona directamente la Intendencia Departamental, extremo del que dan cuenta sendas actas notariales” y que “en materia de mantenimiento de la caminería rural, el señor Alcalde ha expresado que dicha tarea se encuentra alcanzada por la materia municipal, no asumiendo directamente la tarea, la que viene siendo suplida por la Dirección de Vialidad”.
“Es lamentable que sea el primer municipio desguazado de Uruguay. Lo despedazaron institucionalmente. Primero me sacaron funcionarios con pura mentira, que yo trataba a la gente y nunca hicieron la investigación administrativa. Me sacaron un camión, se quedaron con la plata del camino el año pasado”, dijo el alcalde Ramiro Ayende.
“Viví momentos violentos, no solamente como funcionaria sino como persona”, indicó la coordinadora de Descentralización, Gabriela Gómez, cuando fue a Porvenir “a notificar a los funcionarios de la resolución del intendente, que en adelante dependen del Departamento de Descentralización. Todo el municipio en esto que se ha dado en llamar adecuadamente la readecuación operativa”.
Recordó que “muchas de las tareas que se asumen por resolución ya las venimos realizando porque de otra manera no se hacen” y resaltó que “el alcalde sigue en su cargo, como debe ser” en tanto “el Concejo tiene nueva sede, fue trasladado al Centro Cultural, donde podrá sesionar, con la presencia de público, de quienes quieran asistir”.
De hecho, en la víspera “se trató de hacer una reunión del concejo pero el alcalde no se presentó, aunque sabía que estábamos en el centro. Solamente concurrió el concejal Daniel Gronros, a quien se le informó de la nueva situación y personalmente le entregué una copia de la resolución. Luego fueron acercándose algunos vecinos, con quienes también hablamos y a quienes repartimos la decisión del intendente”.
El Telégrafo
