Jueves, 05 Octubre 2023 10:49

Nueve militares imputados por la muerte de Roslik

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Los nueve militares retirados fueron enviados a prisión domiciliaria con tobilleras, y deberán cumplir una serie de medidas, dispuso la Justicia; fiscal apeló resolución respecto a un décimo hombre.  

La jueza Selva Siri imputó en la noche de este miércoles a nueve militares retirados, por la tortura y la muerte del médico de San Javier Vladimir Roslik, el 16 de abril de 1984. Luego de una audiencia judicial histórica que demandó varias horas en Río Negro, la Justicia dispuso sus prisiones domiciliarias.

Asimismo, los nueve tienen prohibido acercarse a las víctimas y salir del país. Inicialmente eran 12 los militares que iban a ser juzgados, pero uno murió, y otro está internado. El tercero tiene una causa judicial abierta por otro caso y la jueza entendió que no puede ser juzgado por este caso.

El fiscal de Lesa Humanidad, a cargo de la investigación, apeló esta última resolución de Siri. Entiende que a fines de 2023 puede estar acusando y en 2024 comenzar el juicio oral y público.

"Por fin después de 40 años se abrieron las puertas. Anhelaba ver las caras, porque en estos 40 años no les pude ver las caras, solamente la de Sánez pero no me acordaba. Y hoy sí los pude ver", dijo la viuda de Roslik, Mary Zabalkin, al finalizar la audiencia.

Y añadió: "Unos pobres viejos pero a esta altura del partido, si les dan algo (por la Justicia) es porque se lo merecen. Por algo hicieron lo que hicieron, y si tienen un castigo está muy bien merecido".

Valery, el hijo de Zabalkin y Roslik, era bebé cuando secuestraron y mataron a su padre. También estuvo presente este miércoles.

La causa fue iniciada por la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad luego de que en julio de 2021 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) archivara la investigación sobre el asesinato de Roslik al considerar que los delitos habían prescripto y que existía “cosa juzgada” por la actuación de la Justicia Militar.

En su momento, los ministros de la corte ratificaron la constitucionalidad de los artículos 1, 2 y 3 de la ley 18.831, que suspenden los plazos procesales y de prescripción durante la vigencia de la Ley de Caducidad y califican como crímenes de lesa humanidad los cometidos durante el terrorismo de Estado.

En esa sentencia, la SCJ sugirió la posibilidad de abrir una nueva causa en el marco del nuevo Código del Proceso Penal, en la medida en que surgieran nuevos elementos, lo que allanó el camino para este proceso.

En diálogo con Subrayado, Zabalkin había dicho que la situación le estropeó la vida y la salud. "Me tuve que ir de mi pueblo (...) Tuve que empezar todo de cero", dijo. Y agregó: "Tengo la esperanza de que se haga justicia, pero durante muchísimos años no pude lograr nada".

Subrayado