La Asamblea General se reunió este miércoles para decidir si levantaba o no el veto que aplicó el presidente Lacalle Pou a tres artículos de la ley que aprobó el Parlamento semanas atrás y que busca garantizar el cobro de deudas salariales a los trabajadores de la ex mutualista Casa de Galicia.

De acuerdo al artículo 138 de la Constitución, para levantar el veto se requiere el voto de tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras.

La votación fue nominal y comenzaron los senadores. Con 29 senadores presentes se requerían 18 votos como mínimo para levantar el veto, y hubo 17, por lo que se mantuvo la observación interpuesta por el Poder Ejecutivo. Fueron 17 votos por levantar el veto y 12 por mantenerlo. No se alcanzaron los tres quintos requeridos para levantar el veto.

Al no alcanzar los votos en una de las cámaras que componen la Asamblea General, la del Senado, que votó primero, se mantuvo el veto del presidente.

A su vez, entre los diputados votaron 97 legisladores presentes: 56 lo hicieron por levantar el veto y 41 por mantenerlo. De esta forma tampoco se alcanzaron los tres quintos requeridos entre los diputados presentes en la Asamblea General. En este caso con 97 diputados presentes se requerían 59 votos para levantar el veto, y fueron 56.

El senador Daniel Caggiani expresó en sala los fundamentos del Frente Amplio para levantar el veto presidencial. "Todos los partidos políticos y sus bancadas hemos levantado vetos de nuestro presidente. Para empezar el Frente Amplio", dijo el legislador.

En cuanto a la deuda con los trabajadores de Casa de Galicia, Caggiani dijo que asciende, en total, a 42 millones de dólares. "Los trabajadores cobraron ya el 13% con la venta, con la mala venta, de Casa de Galicia", agregó.

"Quedan por cobrar 37 millones; 30 de ellos son los créditos posconcursales, es decir, de los generados después del cierre, cuando se les pidió a los trabajadores que siguieran trabajando", insistió.

"El gobierno propuso que con 8 millones de dólares se tenía que pagar todo, esto es el 21% de las deudas", aseguró el legislador del FA.

Caggiani dijo que el Fondo de Garantía del BPS (al que se apela para pagar los créditos salariales de los trabajadores de Casa de Galicia) "tiene casi 10 millones de dólares", y agregó que a esto se suman "los 8 millones del gobierno y con otros 2 que hay se está llegando a 20 millones. Faltan 5 millones, unos 200 millones de pesos".

El senador Sergio Botana del Partido Nacional fundamentó también contra el veto (a favor de levantarlo) y sostuvo: "A los trabajadores de Casa de Galicia no les estamos dando ningún tratamiento especial. Le damos el mismo tratamiento que tiene toda empresa privada que quiebra y tiene insolvencia para enfrentar las deudas con sus trabajadores.

"Perdieron los trabajadores, los médicos, los socios ni que hablar. Alguien debe haber ganado". agregó, tras cuestionar los fundamentos del veto y señalar que haber cobrado un seguro de paro especial no se puede entender como parte del despido. Son cosas distintas, aseguró.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech anunció: "Vamos a votar por levantar el veto. Discrepo con este veto, con todo respeto por el señor presidente, porque es un tema de justicia social. Los trabajadores de Casa de Galicia son esos chicos (como decía Martín Fierro) a quienes parece se quiere enredar en una telaraña jurídica".

"Esto no está humillando al Poder Ejecutivo, es una expresión de los representantes del pueblo", agregó.

El diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian argumentó a favor del veto que aplicó el presidente Lacalle Pou, y destacó que también fue firmado por la ministra de Economía Azucena Arbeleche y la ministra de Salud Pública Karina Rando.

"No es una decisión antojadiza del presidente, ni la ministra Arbeleche ni la ministra Rando de Salud Pública. Pedimos que se trabaje con seriedad. Acá no es que unos están a favor de los derechos de los trabajadores y otros no. Se buscó una solución justa y posible para ellos. Obviamente que no es la totalidad de los créditos laborales, pero no podemos firmar un cheque en blanco", dijo el legislador.

"El seguro de paro para los trabajadores de Casa de Galicia tuvo características distintas, por un año, con mayor tope, y podían trabajar mientras cobraban ese seguro. Ahora se está dando un tratamiento distinto en menoscabo de otros trabajadores de la actividad privada. (Con la ley que se intenta mantener) es clara la violación al ordenamiento jurídico y a la Constitución", agregó.

El diputado independiente (antes de Cabildo Abierto) fundamentó a favor del veto y dijo que "el argumento jurídico es que en el bien o en el mal, la ley le permite al Ejecutivo hacer lo que hace". "La doctrina (José) Mujica de lo político por encima de lo jurídico no la aplico en ningún caso", agregó.

Si se mantiene el veto, "los trabajadores irán al Poder Judicial a reclamar y se dictará sentencia. Después vendrá la ejecución de sentencia. ¿Contra qué bien? El Estado no tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad cuando el Estado le causa a un tercero por acción u omisión".

Lust cuestionó que con la ley vetada "se crea un nuevo sistema de derecho laboral en el que el Estado tendrá que salir a auxiliar a todas las empresas privadas que quiebran".

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