También prevé una declaración de emergencia para que se le deleguen facultades legislativas al Ejecutivo por al menos dos años.
Las columnas de las centrales sindicales todavía estaban desconcentrando en la Plaza de Tribunales cuando Javier Milei envió al Congreso un megaproyecto que opacaría, en pocos minutos, el decretazo desregulador de la semana pasada.
No quedó tema sin tocar ni prerrogativa sin apropiarse: privatizaciones de todas las empresas del Estado, endurecimiento de las penas para las manifestaciones, reemplazo del sistema de votación y de representación popular, flexibilización de normas ambientales, suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, reforma del sistema educativo. El megaproyecto que se tratará en sesiones extraordinarias incluye 351 páginas y más de 664 artículos que buscan abarcar una transformación estructural de todos los temas que competen al Estado -penales, tributarios, económicos, educativos, sociales- en un solo texto a tratar durante el verano. Y no solo eso: encabeza la ley ómnibus de La Libertad Avanza una declaración de emergencia que pretende que le deleguen facultades legislativas al Ejecutivo por dos años.
"Les aviso que hay más", advirtió Milei hace una semana, horas después de haber presentado el DNU, y no mentía. Mientras todas las cámaras apuntaban a las calles del centro porteño, donde la CGT y otras organizaciones se habían movilizado en contra del decretazo, Guillermo Francos se trasladaba de Casa Rosada a la Cámara de Diputados para entregarle a Martín Menem un paquete de más de 300 hojas envuelto en un moño con la bandera argentina. El título, pomposo, decía: "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos". Y Menem le prometió que lo llevaría al recinto "lo antes posible", a pesar de que, como la inmensa mayoría en LLA -excepto Federico Sturzenegger y unos pocos funcionarios-, era la primera vez que veía el texto. Adentro estaría, en un juego dudosamente legítimo de mamushkas, el mismo DNU.
Milei anticipa que no busca ayuda del Congreso para gobernar. El proyecto declara la emergencia pública en materia "económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025" y define delegarle al Ejecutivo facultades legislativas para intervenir sobre cualquiera de aquellas áreas. Es decir le delega facultades extraordinarias por dos años, con la posibilidad de prorrogarlas dos años más.
"Milei es el jefe de Estado que quiere cerrar el Estado", ironizó un dirigente peronista mientras salía del despacho de la bancada de Unión por la Patria en el tercer piso de la Cámara de Diputados, donde se habían reunido legisladores y gobernadores (ver aparte). Había malestar y la delegación de facultades solo había servido para confirmar lo que sospechaban desde la presentación del DNU: Milei pretendía gobernar salteándose el Congreso o, mejor dicho, concentrando en sí las facultades del Poder Legislativo.
Página 12