El proyecto que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria aprobado en la Cámara de Diputados de Argentina -que el presidente Javier Milei avisó que vetará en caso de que el Senado la convierta en ley- es sustancialmente más beneficiosa y contemplativa de la crisis económica que la que el Gobierno utiliza, y más equitativa respecto de la que quiere imponer.

Un breve punteo sobre las claves de ambas iniciativas muestra a las claras el carácter restrictivo de lo que concibe la administración de La Libertad Avanza (LLA) en materia de derechos previsionales.

En tanto, la iniciativa aprobada este miércoles en la madrugada por diferentes bloques de la oposición apunta a crear una fórmula de movilidad que repare el brutal ajuste de estos meses.

El haber mínimo no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor, que actualmente es de 285 mil pesos.

Un pago extra de 8 por ciento para alcanzar el 20,6 de la inflación de enero. El gobierno solo había dado 12,5 aplicando su índice de movilidad jubilatoria.

La fórmula de movilidad quedaría atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación, y a los salarios promediados en el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

La actualización se aplicará de manera semestral. Además, se establece un aumentos adicional una vez al año, en marzo, por el 50 por ciento de la diferencia entre la variación salarial y la inflación.

Las deudas de las cajas previsionales provinciales deberán ser canceladas por la ANSES o con fondos de impuestos nacionales, como el del cheque, PAÍS e IVA. Es decir que no se toca el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

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