Un estudio inédito, elaborado por la Campaña Nacional Desalojo Cero y divulgado el miércoles (14), muestra que más de 1,5 millones de brasileños sufrieron desahucios o desalojos forzosos entre octubre de 2022 y julio de 2024. Esto representa un aumento del 70% desde octubre de 2022, cuando 898.916 personas habían enfrentado esta situación. El mapeo reúne casos colectivos de desalojos forzosos de personas y comunidades enteras que han sido expulsadas de sus hogares. Incluye no sólo los casos judicializados, sino también los procesos administrativos promovidos por las administraciones públicas.
Raquel Ludermir, gerente de Incidencia Política en la organización Hábitat para la Humanidad Brasil, explica que el aumento en este período puede estar relacionado con el hecho de que, durante la pandemia de covid-19, el Supremo Tribunal Federal ordenó la suspensión de los desalojos y restituciones de propiedad contra familias vulnerables. La medida duró hasta finales de octubre de 2022. “Hasta entonces, muchos casos estaban detenidos por esta decisión de la Corte. Después de eso, se liberó y los desahucios volvieron a ser legales. Así que lo que estamos viendo es un aumento muy significativo que refleja la reanudación de los procesos judiciales de desahucio y amenaza de restitución de propiedad, en general”, dijo en una entrevista con Agência Brasil y TV Brasil.
Otro factor que puede haber contribuido a este aumento, explicó Raquel, es el elevado coste de la vida como consecuencia de la pandemia. “Sabemos que, durante la pandemia, la gente se empobreció mucho y el coste de la vida aumentó mucho. Así que es posible que mucha gente haya recurrido a ocupaciones ilegales”, recordó.
La crisis inmobiliaria brasileña tiene relación con clase, género y etnia, según revela el estudio. La gran mayoría de los afectados se declaran negros y pardos (66,3% del total), son mujeres (62,6%) y ganan hasta dos salarios mínimos (74,5%). “Hablamos de personas de bajos ingresos predominantemente, muy vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. También son predominantemente negros y a menudo familias encabezadas por mujeres. Hay una deuda histórica del país con la demanda de vivienda de esta población.”
“Sabemos que aunque la vivienda es un derecho constitucional y un derecho humano, todavía estamos en un país donde hay al menos 6 millones de personas en situación de déficit habitacional y otros 26 millones en condiciones inadecuadas de vivienda. El estudio muestra la punta del iceberg de un problema histórico en Brasil. Estamos hablando de vivienda, del problema de la lucha por la tierra y de cómo esto está vinculado a cuestiones de pobreza e interseccionalidad”, afirmó Raquel.
Agencia Brasil
