El pasado viernes se celebró en la localidad de Liebig, 10 kilómetros al norte de la ciudad de Colón, una reunión de dirigentes del Partido Justicialista del Departamento de Colón.
Participaron intendentes, concejales, presidentes de Juntas de Gobierno y Comunas del departamento, integrantes del Partido Justicialista, con el objetivo de “unificar criterios y líneas de acción ante los distintos desafíos actuales”, publicó analisisdigital.com.ar, de Paraná, Entre Ríos. Entre los temas abordados estuvo el de la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, que recientemente había sido motivo de un planteo por parte de la gremial de empresas gastronómicos y hoteleros de Colón.
En la reunión se planteó que se dispone de “poca información técnica” sobre su impacto en la cuenca y el ambiente. A raíz de ello se elaboró un proyecto de resolución que esta semana será presentado en el concejo deliberante de cada localidad.
En el mismo, se pide que la delegación argentina en CARU “informe si la República Oriental del Uruguay o su delegación, aportaron datos técnicos que permitan desde esta costa ‘hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al régimen del río o a la calidad de sus aguas’”, publicó el referido portal.
El proyecto menciona declaraciones del presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, respecto a que la planta “tomaría directamente del Río Uruguay ocho millones seiscientos mil litros por día (8.600.000 L/D)” y que, “como contrapartida, generalmente, las aguas residuales de la producción de hidrógeno verde pueden contener: Sales: Procedentes de la disociación del agua y de los electrolitos utilizados; Metales pesados: En pequeñas cantidades, provenientes de la corrosión de los electrodos o de impurezas en el agua de alimentación; Compuestos orgánicos: Si se utilizan membranas orgánicas en el electrolizador, pueden liberarse fragmentos de estas al agua; Gases disueltos: Hidrógeno, oxígeno y otros gases que no hayan sido completamente separados”.
También refiere a acciones que se han llevado adelante desde la sociedad civil en nuestro país para obtener mayor información, como la que planteó el Movimiento por un Uruguay sustentable (Movus), al que la justicia dio la razón y condenó al gobierno a entregar información. Lo que según la organización luego se incumplió. En los considerandos del proyecto se incluyen también las dimensiones del emprendimiento proyectado, así como la proximidad lineal respecto de la costa colonense. Además refiere a normativa provincial y nacional, así como al Estatuto del Río Uruguay, en el que se establece “que la Parte que proyecte la realización de cualquier obra de entidad suficiente para afectar ‘...el régimen del Río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicios sensibles a la otra Parte…’”, así como el que “… en la notificación deberá figurar los aspectos esenciales de la obra y, si fuere el caso, el modo de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la Parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al régimen del río o a la calidad de sus aguas”.
El Telégrafo
