La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva, consideró insuficientes las penas previstas en la legislación brasileña para delitos ambientales como el uso del fuego para provocar incendios intencionales.
“Porque la pena de dos a cuatro años de prisión es leve y cuando la pena es leve, a veces se transforma en algún tipo de pena alternativa y todavía hay una actitud de algunos jueces que relajan completamente esta pena”, dijo.
En un programa de radio y TV del Canal Gov, este martes (17), la ministra también destacó que, actualmente, cualquier incendio forestal es calificado como criminal y representa amenazas para el medio ambiente, la salud pública, la propiedad y la economía brasileña.
“Hay una prohibición del uso del fuego en todo el país. Los más recientes estados en prohibir el fuego han sido Rondônia y Pará, hace una semana y media”, explica Silva.
Según la ministra, de los 27 estados, sólo Rio Grande del Sur y Santa Catarina no se enfrentan estos días a una sequía extrema. “Es como si tuviéramos una situación de riesgo en todo el país”, dijo.
Silva sostiene que los criminales se están aprovechando del cambio climático, que ha provocado altas temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos, para causar los incendios. “Hay una alianza criminal entre ideologías políticas que quieren negar la cuestión del cambio climático”, señaló.
Además, dijo que el endurecimiento de la pena por provocar incendios con intención criminal se está debatiendo en la sala de situación del gobierno. También dijo que hay proyectos de ley pendientes en el Congreso para hacer que este tipo de delito sea no excarcelable.
Para la ministra, la investigación de este tipo de delitos es bastante compleja debido a la rapidez con la que se propaga el fuego en este escenario de sequía, pero se debe hacer un esfuerzo para que los delincuentes y los autores intelectuales sean castigados.
“El presidente Lula llamó al juez presidente del Supremo Tribunal Federal, Barroso, para que haya apoyo jurídico, para que esta investigación ocurra más rápidamente, y tenemos toda una articulación que está haciendo el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski”, afirma.
Para Marina Silva, el servicio de inteligencia es fundamental para resolver los delitos de incendio intencional en zonas forestales. La Policía Federal ha abierto 52 averiguaciones investigando puntos de ignición de incendios en diferentes regiones del país.
“Las imágenes de satélite están siendo monitoreadas, y podemos mirar hacia atrás para averiguar dónde se inició la ignición y llegar al autor original”, explica.
Según la ministra, el gobierno federal trabaja desde 2023 en un plan para hacer frente a este periodo de sequía agravado por el cambio climático.
Se han puesto a disposición recursos del Fondo Amazonía, por un total de más de R$ 47 millones, para que los estados puedan reforzar los equipos del Cuerpo de Bomberos. Además, el bioma Pantanal también recibió R$ 175 millones en créditos extraordinarios para combatir los incendios. “El gobierno está trabajando en la liberación de otro crédito extraordinario para la Amazonía y otros estados”, reveló Silva.
Además de los recursos, informó la ministra, el presidente Lula ha anunciado la publicación de una medida provisional para crear el Estatuto Jurídico de las Emergencias Climáticas, que permitirá anticipar la situación de emergencia, que actualmente sólo se reconoce en el ordenamiento jurídico después de que se haya producido una catástrofe climática.
Agencia Brasil