El próximo martes 1 de octubre, en el marco del proyecto Crisálidas - financiado por la Unión Europea, cofinanciado y ejecutado por la Universidad CLAEH e Incidem - se realizará un encuentro que reunirá a actores de la sociedad civil, instituciones públicas, empresas y partidos políticos para debatir sobre políticas penitenciarias enfocadas en mujeres privadas de libertad.

El evento tendrá lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española (C/ 25 de Mayo 520, Montevideo), de 9:00 a 13:00 horas.

Dado el contexto preelectoral, se ha invitado a candidatos y representantes de los partidos políticos. Hasta el momento, está confirmada la asistencia de Guido Manini Ríos y Lorena Quintana (Cabildo Abierto), Patricia González, Graciela Barrera y Gabriela Valverde (Frente Amplio), y Mónica Botero (Partido Independiente).

Las organizaciones de la sociedad civil que participan del proyecto —El Abrojo, Mizangas, Vida y Educación, y la Red Internacional de Economía Humana (RIEH)— presentarán el documento "Faltan derechos, sobran las cárceles" donde se señala como "preocupante que en pleno período electoral, ninguno de los candidatos partidarios esté tratando la política penitenciaria y su aplicación como un tema prioritario".

En dicho documento se destaca el aumento del 965% del encarcelamiento de mujeres en Uruguay en las últimas dos décadas; las condiciones críticas de hacinamiento y trato inhumano y las lógicas de un sistema penal que naturaliza las inequidades de género, de raza y de clase como nudos críticos.

Para superar la crítica situación actual, propone medidas urgentes como el inicio de un proceso de desinstitucionalización de las mujeres encarceladas con sus hijos/as y la implementación de acciones para garantizar condiciones de vida dignas para todas las mujeres privadas de libertad. En esta línea, se recomienda clausurar definitivamente el Nivel 5 de la Unidad N° 5 y mejorar las condiciones edilicias, alimenticias y de atención en salud en todas las unidades.

Asimismo, se insta a revisar de manera urgente la situación procesal de las mujeres condenadas por delitos vinculados a drogas antes de la aprobación del aditivo para reducir la pena por microtráfico (Ley N° 20.212), entre otras medidas. Además, se impulsa la creación de un Consejo Nacional Consultivo para la Inclusión Social de las mujeres sancionadas por el sistema penal, con participación activa de la sociedad civil.

El evento contará, también, con la participación del director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, del Comisionado Penitenciario, Juan Miguel Petit, la jefa de cooperación de la Unión Europea en Uruguay, Doerte Bosse y la coordinadora del proyecto Crisálidas, Teresa Godoy, entre otras personas.