La ahora sentenciada había confesado el crimen en 2022 y desde entonces las autoridades comenzaron a investigar el caso.
La víctima, de 57 años, había sido denunciado como desaparecido en setiembre de 2021 tras el aviso de su hermana a la Policía.
El fiscal del caso, Carlos Motta, explicó a Subrayado que “la manifestación iniciar era que se había ido al exterior con una mujer” pero cuando se rastrearon los movimientos de los cobros de la pensión de la pasividad y la renta del Banco de Previsión Social (BPS) se dio con la esposa del hombre.
La mujer dio detalles a la Policía sobre dónde estaba enterrado el hombre, además de que confesó y reconoció el hecho. La Justicia la condenó a 10 años de cárcel por un homicidio especialmente agravado en concurrencia en régimen de reiteración real con un delito de estafa continuada.
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