“Disenso en riesgo”, así se llama el estremecedor informe de Amnistía Internacional Argentina sobre la represión a la protesta social durante el primer año de Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En doce meses se contabilizaron más de 1000 personas heridas en 15 manifestaciones, muchas de ellas con lesiones graves, algunas con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro y con daños severos en la visión. “Son prácticas propias de gobiernos autoritarios”, indicaron desde la organización y señalaron “las alarmantes cifras de la represión”.
La violencia que implementó el gobierno de La Libertad Avanza, a través del Protocolo Anti Piquetes, contra las manifestaciones opositoras marca un punto de inflexión con respecto a los últimos años por lo que la organización pidió “garantizar el respeto a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales”. Todo en un marco de discursos criminalizantes de los funcionarios hacia los manifestantes, a los que llaman, entre otras cosas, “terroristas” que promueven “golpes de Estado”.
En un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre de 2001 –que dejaron 39 muertos en todo el país– las cifras del gobierno de Milei son tan brutales como contundentes: 1155 personas heridas, 33 con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, 50 periodistas y trabajadores de prensa heridos mientras cubrían las manifestaciones y 73 personas criminalizadas por participar en las protestas. Todo en menos de un año, todo en medio del “mayor ajuste de la historia”, como lo define el Presidente. La represión y el miedo son parte del mecanismo de la motosierra para evitar que la gente salga a la calle a protestar. Balas de goma, camiones hidrantes, golpes con tonfas y bastones, detenciones arbitrarias e “incluso, en casos emblemáticos, niños y niñas afectados por la violencia represiva", es lo que detalla el relevamiento. El informe también da cuenta del uso innecesario y desproporcionado de gases lacrimógenos por parte de las diferentes fuerzas policiales, incluida la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Para Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, existe una violenta represión de la expresión del disenso en las calles. “Las autoridades nacionales han elegido la confrontación y la violencia, prácticas propias de gobiernos autoritarios, como estrategia para atacar a quienes piensan diferente”, le dijo Belski a Página/12. Los gases lacrimógenos también fueron usados de manera indiscriminada para dispersar a los manifestantes. Se trata de un producto más nocivo: el gas pimienta MK9 que, según comentaron los médicos que atendieron a los heridos, es espeso y oleoso, lo que lo hace más agresivo y produce lesiones importantes no solo en las vías respiratorias y los ojos, sino también al contacto con la piel.
Página 12
