En ella se señala que “queremos expresar nuestra profunda preocupación por el contenido de la reforma de la institución de la ciudadanía introducida con el Decreto 36/25. Es evidente para todos que era conveniente una revisión de la legislación, también a la luz de los principios expresados por el concepto de vínculo genuino y la necesidad de fortalecer el vínculo efectivo entre el Estado y los ciudadanos. Sin embargo, el decreto en cuestión se mueve en una dirección diametralmente opuesta, presentando numerosos perfiles críticos que, si no se revisan, podrían causar daños irreversibles a los intereses de Italia a largo plazo”.
Entre los puntos que se expresa que la “más grave preocupación se refiere al riesgo real de comprometer definitivamente la presencia de Italia en el mundo. Con la introducción de restricciones al reconocimiento de la ciudadanía por descendencia (especialmente con la cuestionable fórmula "nunca han adquirido la ciudadanía"), se corre el riesgo de desaparecer progresivamente de las comunidades italianas en el extranjero, que siempre han representado un recurso fundamental para el país. Estas comunidades son protagonistas y promotoras espontáneas del Made in Italy, de nuestra cultura, de nuestra lengua y de nuestros valores en el mundo.
Asfixiar este patrimonio humano y simbólico equivale a debilitar la capacidad de proyección internacional de Italia en el contexto global, dañando las redes económicas, culturales y diplomáticas construidas en más de un siglo de emigración italiana. En un momento de la historia en el que los grandes países están invirtiendo en su diáspora, el Decreto 36/25 parece querer romper uno de los lazos más vitales de Italia con el mundo”.
Asimismo, se establece como “aspecto crítico se refiere a la introducción del requisito de haber "nacido en Italia" o haber acumulado al menos dos años de residencia en el territorio nacional para acceder al reconocimiento de la ciudadanía. Estos criterios, a pesar de su aparente racionalidad, cortaron la transmisión de la italianidad a las generaciones posteriores nacidas en el extranjero y criadas en un ambiente italiano. De hecho, la ciudadanía es limitada a los hijos de ciudadanos italianos solo si residen o nacieron en el territorio, cancelando efectivamente la identidad italiana en el mundo. Esto significa que en una o dos generaciones, las familias italianas que han emigrado hace mucho tiempo ya no podrán transmitir la ciudadanía a sus hijos o nietos, condenando a la ciudadanía italiana en el mundo a la extinción. Es una perspectiva muy seria para la supervivencia misma de la identidad italiana fuera de las fronteras”.
Los italianos en Uruguay, junto con el resto de la comunidad de residentes fuera de Italia, genera “una cuestión jurídica y moralmente central: la retroactividad del decreto. Es inaceptable que una ley como esta, que entró en vigor el 27 de marzo de 2025, pueda negar retroactivamente derechos adquiridos o en proceso de derogación. Una persona nacida antes de esa fecha, ciudadano italiano según el art. 1 de la Ley 91/92 entonces vigente y que hasta ahora habría tenido pleno derecho a solicitar el reconocimiento de la ciudadanía iure sanguinis, no puede ni debe verse afectado por una norma posterior. Hacerlo sería violar uno de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. No menos relevante es la cuestión de la igualdad ante la ley. El decreto crea una injusticia evidente entre dos italianos: uno que puede transmitir la ciudadanía hasta el 26 de marzo de 2025, y otro nacido después, que ya no tiene este derecho. Esto introduce una diferencia de trato inconstitucional que corre el riesgo de ser objeto de numerosos recursos y disputas legales”.
Entre otras cuestiones, se expresa que “el Decreto 36/25, en su forma actual, corre el riesgo de debilitar el vínculo entre Italia y su diáspora, comprometiendo su influencia global y negando derechos a los ciudadanos que han construido su identidad en nombre de la italianidad. Por lo tanto, pedimos que el decreto sea suspendido y revisado de manera urgente, a través de un debate amplio, democrático y participativo, en nombre del interés nacional y los principios constitucionales”, concluye la misiva.
