El pedido de Fiscalía, acompañado por la defensa de las víctimas, se dio debido a que Ghione argumentó que necesita más tiempo para diligenciar una investigación compleja, que en el último tiempo ha sumado víctimas.

El plazo establecido inicialmente se cumple el próximo 10 de junio.

El pasado miércoles 15 de mayo se imputó nuevamente a Penadés por la presunta comisión de reiterados delitos de violación, corrupción de menores y atentado violento al pudor contra cuatro nuevas víctimas.

Las personas declararon ante Fiscalía de manera anticipada a mediados del mes de abril y, nuevamente, la defensa del exlegislador discutió sobre la reserva de sus identidades.

“En cada caso es distinto, en cada víctima es distinto. Hay víctimas en las que se repetía la conducta. Se le imputaron nuevos delitos dentro del mismo modus operandi”, dijo el abogado defensor Juan Raúl Williman, encargado del Consultorio Jurídico de la Udelar, al citado medio.

Durante la audiencia, que resultó en la imputación, se debatió sobre que un testigo, una persona que aparentemente está siendo amenazada, pueda declarar de forma anticipada. Ante esto, la jueza Marcela Vargas aceptó la solicitud.

Tal como informáramos, uno de los acusadores es Javier Viana, un hombre radicado en España que habló por primera vez de su experiencia con Penadés en el libro Gustavo Penadés. Dos caras de un hombre con poder, escrito por los periodistas Martín Tocar y Carolina Delisa.

Otra de las denunciantes es una mujer trans que declaró haber sufrido distintos actos violentos por parte del exsenador en un encuentro que tuvo con él cuando aún se identificaba como varón.

El tercero es otro hombre, quien también declaró haber tenido un encuentro en la década de los noventa, en el que Penadés le pagó a cambio de sexo.

A día de la fecha, el exdirigente blanco se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Florida, al igual que el profesor de Historia Sebastián Mauvezín, quien es señalado como su principal colaborador para perpetrar los abusos sexuales.

En febrero, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la jueza Marcela Vargas de otorgarles a ambos la prisión domiciliaria.

El tiempo máximo en el que podía extenderse la investigación de la fiscal vencerá el mismo 10 de octubre del inicio del juicio, ya que en esa fecha se cumplirán dos años de la formalización y en la que cesarán los tiempos previstos por la ley para proseguir con la investigación.

Montevideo Portal