El primero de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales inicia este martes (01.07.2027) en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno de España que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.
La manifestación se desarrollará a pesar de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad que ese paro carecía de base legal.
La huelga llega después de la concentración convocada el sábado pasado por las mismas asociaciones conservadoras frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos, que en su opinión amenazan la independencia judicial.
Consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "comprometen gravemente" la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal" y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.
Desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defiende sin embargo que "ni una sola línea" de la reforma judicial afecta a la independencia de jueces y fiscales y tacha de "infundadas" las críticas de las asociaciones contra estas leyes.
Ante la convocatoria de huelga, el Ministerio de Justicia solicitó al CGPJ que se pronunciara sobre la legalidad de este paro, como hizo en febrero de 2009, cuando resolvió que los jueces no tienen derecho a esa medida de protesta.
Así, el Pleno del CGPJ acordó por unanimidad el pasado jueves que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, "no procede" tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello.
Respecto a posibles sanciones a los magistrados que secunden el paro, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2009, en las que no se han producido este tipo de castigos.
También la Fiscalía comunicó que carece de competencias para fijar servicios mínimos y pidió garantizar aquellas actuaciones en las que la ausencia del fiscal "pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos".
DW
