A comienzos de 2020, el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAUE) presentó una investigación a la Fiscalía de Treinta y Tres en la que se informa sobre “situaciones de explotación sexual comercial, trata y venta de sustancias psicoactivas”.

Según un artículo publicado por La Diaria este sábado, más de 20 niños y adolescentes más vinculados a la institución fueron y estarían siendo víctimas. En el informe de INAU al que accedió el matutino, se detalla que el número de adolescentes vinculados a la red va en aumento. En los últimos 3 años hubo tres muertes de adolescentes en el departamento que podrían estar relacionadas.

La denuncia ante Fiscalía fue presentada por INAU con el apoyo de la ONG Gurises Unidos que trabaja en ese departamento en la capacitación de técnicos para la detección y abordaje de casos de explotación.

La investigación que comenzó a principios de año viene avanzando, y busca conectar situaciones presentadas individualmente en informes y expedientes judiciales, donde los nombres de los explotadores y tratantes se repiten, así como los nombres de las víctimas y los lugares que frecuentan. Allí, se detalla que “los explotadores utilizan a adolescentes mujeres y varones que se encuentran en una situación de vulneración sistemática de derechos de la que han sido víctimas a lo largo de su vida, siendo esto un factor relevante y de conocimiento para los mismos, haciendo uso de su asimetría de poder, utilizándolas/os como un objeto más de su propiedad con la finalidad exclusiva de su propio interés”.

En un principio, se denuncia una situación de trata interna, por la cual los adolescentes serían trasladados sin consentimiento de sus representantes legales de un departamento a otro –Cerro Largo, Maldonado, Rocha– e incluso a localidades más pequeñas del departamento como Vergara. La duración de las desapariciones varía entre una noche y meses.

Según se indica en el informe al que accedió La Diaria, hay indicios de que funcionarios específicos del Ministerio del Interior estarían vinculados a la red o facilitando el funcionamiento de la misma, recibiendo dinero para callar o desviar información”. “Extorsionan y manipulan a adolescentes solicitándoles a cambio de bienes, sustancias, e incluso su silencio, prácticas sexuales o imágenes de su cuerpo desnudo”.

Por su parte, el presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo a Subrayado que se sigue de cerca y con profunda preocupación la investigación sobre este caso, que fue detectado por la propia institución.

El jerarca señaló también que se analiza iniciar una investigación interna para saber cómo se filtró el informe a la prensa ya que hay información relevada que podría complicar la investigación judicial.

Subrayado