El número de desocupados llegó a 181 mil trabajadoras y trabajadores. Los 60 mil puestos de trabajo perdidos se suman a los 56 mil que se habían perdido en el último quinquenio.
En otro orden, unos 100 mil trabajadores estuvieron en promedio en el seguro de desempleo, cobrando la mitad de lo que ganaban, más de 60 mil de los que habían en el año 2019.
En los meses de mayor impacto el seguro de paro dio cobertura a 200 mil trabajadores, y eso supone afectaciones serias al entramado productivo nacional.
Los sectores más afectados, no sabemos cuándo van a volver a funcionar y son los que generan mayor cantidad de empleos. También hemos visto cómo determinadas empresas aprovechan para hacer reestructuras que terminan en pérdidas de puestos de trabajo.
A la caída de puestos de trabajo, se le suma una caída salarial que va a llegar al 5% cuando finalice el año 2021.
Entonces es tiempo de empujar políticas de empleo que prioricen en estos tiempos la inversión pública, en particular en vivienda.
Políticas de apoyo a las pequeñas empresas, sumamente generadoras de empleo.
Al mismo tiempo, tenemos que atender las urgencias sociales y seguir demandando un salario mínimo de emergencia para los 300 mil hogares que se quedaron sin ingresos, una canasta de servicios públicos para dichos hogares y evitar lanzamientos y desalojos en tiempos de pandemia.
Tenemos el enorme desafío de poder colocar en la agenda el tema del trabajo.
Porque el trabajo es la prioridad nacional.