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La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) se manifestó esta mañana para rechazar la firma por parte del gobierno saliente del Uruguay del contrato con el consorcio Aguas Montevideo, liderado por Saceem, para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable Arazatí y el sindicato adelantó que "seguirá luchando por los derechos de la población, por la calidad del agua que consumimos y brindamos, por el cuidado de los intereses financieros de nuestra OSE y del Estado y por seguir defendiendo nuestro trabajo".
El presidente electo Yamandú Orsi indicó este jueves que en la mañana le envió una nota al presidente Luis Lacalle Pou en la que le expresó su discrepancia sobre “la oportunidad” de que se firmara el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo para la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí. El contrato se firmó en horas del mediodía.
El Gobierno firmó un contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, que permitirá iniciar las obras del proyecto Arazatí, en el departamento de San José.
“Estamos esperando que el gobierno presente las distintas alternativas” para poder "opinar", remarcó el futuro secretario de Presidencia y recordó que hasta el 1 de marzo "hay otro gobierno".
"Hacer algo que después no funcione o que funcione mal, no es lo conveniente, como tampoco seguir esperando 20 años más", sostuvo el presidente electo.
Además dictó que el juez Recarey se aparte de la causa "por haber operado prejuzgamiento" durante el proceso.
El presidente de OSE Raúl Montero aseguró que el proyecto Arazatí “es fundamental” y confirmó que por estas horas los abogados de OSE y de los Ministerios de Ambiente y de Salud Pública trabajan en la apelación que presentarán ante un Tribunal para revertir el fallo de primera instancia que adoptó el juez Alejandro Recarey, quien el lunes dispuso la prohibición de que el gobierno firme el contrato con la empresa privada que construirá la nueva planta potabilizadora en la costa de San José, sobre el Río de la Plata.
La sentencia del juez Alejandro Recarey afirma que hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable”. El Gobierno apelará.
El oficialismo respaldó la actuación del ministro y consideró que la totalidad de sus respuestas a las preguntas fueron “satisfactorias”, afirmó el Frente Amplio.
