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El canciller de la República, Omar Paganini, anunció que la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) resolvió que la información presentada por Uruguay para la profundización y extensión del acceso al puerto de Montevideo a 14 metros resultó completa y suficiente. “Se trata de un hecho de absoluta relevancia para nuestro país y la consecución de un objetivo largamente buscado”, subrayó.
La Cámara baja del parlamento de Argentina finalmente sesiona este miércoles para tratar la norma que delega facultades legislativas en el Presidente y avanza en reformas neoliberales y conservadoras.
En su informe de octubre, el Fondo esperaba un crecimiento del 2,8 por ciento para este año. Ahora pronostica ese mismo número, pero de retroceso. Recién vislumbra una recuperación en 2025.
Los bienes no alimenticios esperan una baja del 60 por ciento en ventas, electro se derrumbó 50 puntos, los hipermercados perdieron un 20 por ciento y los proveedores venden a Argentina hasta un 40 por ciento más caro que en el exterior.
Al asumir su gobierno en Argentina, Javier Milei buscó imprimirle velocidad y potencia a la transformación del Estado y también destruir el esquema jurídico que le da sustento a la convivencia argentina que garantiza la salud y educación pública y los derechos de los trabajadores, entre otros ítems.
El paquete de proyectos de ley enviado al Congreso de Argentina incluye la privatización de todas las empresas estatales, la suspensión de la movilidad jubilatoria, el endurecimiento de las penas contra manifestantes y la permisividad para el "gatillo fácil" policial, una transformación del sistema electoral, la flexibilización de las normas ambientales y una reforma de la educación, entre otras cosas.
El líder emepepista José Mujica, advirtió sobre las posibles consecuencias que tendría el hecho de que el presidente argentino Javier Milei lograra aprobar la totalidad de su reforma decretada.
Ante la posibilidad de un veto parlamentario, el Presidente de Argentina amenazó con someter el mega DNU a una consulta popular. Su implementación es dudosa, dado que la Constitución establece que el Poder Ejecutivo solo puede convocar a un referémdum no vinculante.