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"Al enviar equipamiento militar y dejar de financiar a la Unrwa, Alemania facilita la comisión de genocidio", aseguró Managua.
El informe del grupo de expertos de Naciones Unidas denuncia un "aumento exponencial" de las violaciones de los derechos humanos para imposibilitar cualquier crítica al gobierno de Daniel Ortega.
Monseñor Isidoro Mora, obispo de Siuna, fue detenido por la policía un día después de mencionar en una misa al obispo Rolando Álvarez, preso y condenado a 26 años de cárcel.
La oficina encargada de monitorear los derechos humanos denuncia que el gobierno sigue persiguiendo a quienes pueden aportar una visión alternativa a la esfera pública, incluyendo a líderes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia católica, defensores y periodistas.
El Ejecutivo sandinista pidió salir de la organización luego de que la OEA descalificara la reelección de Daniel Ortega.
Uno de los capturados es David Elías Campbell quien, según el ministro de Seguridad de Honduras, es buscado por Interpol.
Los pueblos indígenas, la iglesia, los periodistas y los opositores políticos son algunos de los colectivos que sufren hostigamiento y privación arbitraria de la libertad entre otros abusos por parte de las autoridades. La ONU pide al gobierno nicaragüense poner fin y revertir las medidas que erosionan el estado de derecho, el espacio cívico y las garantías fundamentales.
El reciente cierre y confiscación de la Cruz Roja Nicaragüense se suma a la desaparición de unas 3.500 oenegés por órdenes de Daniel Ortega, que las considera “enemigas” del régimen.
La OACNUDH aseguró que en Nicaragua se han eliminado de forma combinada derechos civiles, políticos, económicos y culturales.
Nicaragua cerró el martes (07.03.2023) dos universidades ligadas a la Iglesia católica, al privarlas de personería jurídica por "incumplimientos" de leyes, un día después de tomar la misma medida con los principales gremios empresariales.
El Ministerio de Gobernación (Interior) publicó en el diario oficial La Gaceta las cancelaciones de la personería a la Universidad Juan Pablo II, con sede en Managua y otras cuatro ciudades, y a la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), con sede en León y otras cinco ciudades.
La cancelación fue decretada "por estar en incumplimientos de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan", según la resolución firmada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch.
Ambas universidades "han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro" del Ministerio, indica la resolución.
El alumnado de ambas instituciones será integrado en otras universidades y sus bienes serán traspasados al Estado, según el reglamento de la Ley 1115 sobre organismos sin fines de lucro.
El 6 de marzo, Gobernación canceló la personería a 18 asociaciones empresariales, entre ellas el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que aglutina a otras cámaras patronales. Esta decisión se suma a otras medidas del Gobierno izquierdista de Daniel Ortega que le han valido el aislamiento internacional.
DW
