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El gremio de trabajadores de Antel, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), emitió un comunicado este jueves luego de que el ente público anunciara que está ofreciendo el servicio comercial utilizando la tecnología 5G, que en primera instancia tendrá cobertura en unas 100 áreas de Montevideo, Canelones, Maldonado y Colonia.
El presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL), anunció que el gremio se declaró en conflicto y que pondrán en marcha un plan de acción y movilización en defensa de la soberanía y el monopolio de la empresa del Estado.
El presidente del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL), sostuvo que la "pseudo auditoría" difundida en las últimas horas sobre el ANTEL Arena es parte de la política de descalificación sobre las empresas públicas que lleva adelante el actual gobierno desde que asumió.
Antel Arena: Sutel denuncia que Jutep “eligió” auditoría
El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, compartió ayer el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en respuesta a la consulta del directorio por los hallazgos de la auditoría efectuada por el Antel Arena.
Tal como informáramos, este informe se incorporará a la denuncia penal que está en proceso, sostuvo Gurméndez. El informe de la Jutep está firmado por la presidente María Susana Signorino, el vicepresidente Guillermo Ortiz y el vocal Jorge Castro.
En el texto, que hizo público Antel en su sitio web, la Jutep considera que “los hallazgos del auditor externo respecto al costo total del Antel Arena, tomando en cuenta lo previsto y lo efectivamente gastado por la administración, denotan la carencia de un presupuesto operativo o plan general de negocio completo que reflejara toda la información financiera que debió tener en cuenta la empresa pública para enfrentar el proyecto en cuestión (costo proyectado, disponibilidad presupuestal, entre otros elementos)”.
Además, el documento señala que “si bien en marzo de 2015 existió una estimación de costos” que ubicaba el gasto en US$ 56:500.000, el costo final fue de US$119:721.147, “existiendo una diferencia entre lo previsto y lo gastado de US$ 63:221.147”.
La Jutep afirma que “no puede sino concluirse en que la buena administración, tanto en la gestión financiera como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines , estuvo ausente en este proyecto, conforme la evidencia lograda por el auditor externo”.
Por otra parte, señalan que “se ha constatado la violación a principios y normas de conducta que, previo a los trámites de estilo y conforme a lo preceptúan las disposiciones legales vigentes, pueden configurar falta administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados".
Tras la publicación de estos datos, desde el ámbito sindical surgieron voces discordantes.
Gabriel Molina, presidente de Sutel, hizo declaraciones al respecto en el programa INFO24 de la emisora M24. El dirigente sindical consideró “sorpresivo” que habiendo auditorías en Antel todos los años, una interna y otra con la consultora Price Waterhouse Cooper (PWC), por compra directa se contratara una tercera auditoría por 1.708.000 pesos, cifra que no considera “normal”.
Desde el sindicato se presume que el Gurméndez “estaba buscando a alguien que le hiciera el mandado, y que dijera lo que el directorio, a través de su presidente, en forma mayoritaria viene sosteniendo desde hace tiempo pero que no encuentra en ninguna afirmación concreta al respecto de las denuncias que él mismo viene haciendo”.
Molina recordó que la auditoría realizada por Price Waterhouse Cooper (PWC) -que no fue analizada por Jutep- dio un resultado “distinto” a la encargada, y que ese resultado “no agradó al directorio”.
En aquel momento, el director frenteamplista en Antel Daniel Larrosa cuestionó el resultado de la auditoría presentada por el oficialismo ya que los técnicos que la han realizado tienen “determinado enfoque claramente sesgado”, contradiciendo el balance de PWC “que ha sostenido que todo lo hecho es legal”.
En mayo de 2020 cuando se conoció el informe de PWC, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, dijo que el Antel Arena “costó US$ 100 millones y vale US$ 36 millones”, por lo cual «está valuado al 36% del costo». En cambio, el informe de la Jutep cita la auditoría realizada por la empresa Ecovis que señala que el costo final fue de US$ 119,7 millones.
Este miércoles, la citada emisora publica que el contador Marcelo Caiafa, socio de la empresa que auditó los costos del Antel Arena, y quien firmó el informe recibido por el ente, manifestó públicamente su adhesión al Partido Nacional en varias oportunidades, lo que generó críticas desde el Frente Amplio y el sindicato de Antel (Sutel).
En un mensaje publicado el 26 de marzo de 2020 en la red social Twitter, dirigido al presidente Luis Lacalle Pou y al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, Caiafa calificó escribió: “excelente como viene actuando el gobierno, esta crisis sirvió para desnudar lo que dejaron 15 años de mayorías parlamentarias y autoritarismo” (. . . ) Un equipo que se hace cargo!! Orgullosos de ser blanco!”.
Durante las administraciones frenteamplistas y a través del usuario @marcelocaiafa1, en tweets que fueron consignados por Caras y Caretas, el auditor señalaba “la falta de valores” del gobierno encabezado por Tabaré Vázquez, cuestionaba que se bancaba a “lúmpenes”, y criticaba a dirigentes opositores por no ir “más a fondo” ante la “corrupción” frenteamplista.
En diciembre de 2020 cuando se conoció la contratación de Ecovis, el senador frenteamplista Enrique Rubio, cuestionó que las auditorías del Estado “las hacen correligionarios”, y dijo que para ver la independencia de la empresa auditora “basta mirar los tuits” de Caiafa.
Montevideo Portal
El Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL) se declaró en pre conflicto por la falta de avances en la negociación colectiva y en reclamo del cumplimiento de concursos internos previamente acordados.
El sindicato SUTEL exige al gobierno frenar la portabilidad numérica hasta que la ciudadanía se exprese en el referéndum.